Perú definirá su presidencia entre Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez
La segunda vuelta enfrentará al fujimorismo con el heredero político de Pedro Castillo en un escenario marcado por la polarización, denuncias de fraude y tensión institucional.
Perú entró oficialmente en clima de balotaje luego de confirmarse que la candidata de derecha Keiko Fujimori enfrentará en segunda vuelta al dirigente de izquierda Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales previstas para el próximo 7 de junio. El escenario reedita parte de la fuerte polarización política que atraviesa al país desde los últimos procesos electorales y vuelve a enfrentar al fujimorismo con sectores vinculados al expresidente Pedro Castillo.
Según el recuento oficial, Fujimori obtuvo el primer lugar con el 17,1% de los votos, mientras que Sánchez logró asegurarse el segundo puesto tras una disputa ajustada con el dirigente ultraderechista Rafael López Aliaga. Con el 99,98% de las mesas escrutadas, Sánchez alcanzó cerca del 12% de los sufragios y aventajó a López Aliaga por aproximadamente 21 mil votos, diferencia considerada irreversible debido a la escasa cantidad de votos pendientes de contabilización.
La disputa presidencial enfrenta dos proyectos políticos profundamente antagónicos. Por un lado, Keiko Fujimori busca regresar al poder reivindicando abiertamente aspectos centrales del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción. Por el otro, Roberto Sánchez emerge como el principal referente del espacio político ligado a Pedro Castillo, de cuyo gobierno fue ministro y a quien prometió indultar en caso de llegar a la presidencia.
El mapa electoral volvió a exhibir una fuerte fractura territorial y social. El fujimorismo mantiene sus principales respaldos en Lima y en las grandes ciudades costeras, mientras que Sánchez consolidó apoyo especialmente en regiones andinas y sectores rurales vinculados históricamente al voto castillista.
A pesar de la ventaja obtenida por Fujimori en primera vuelta, una encuesta de Ipsos mostró un escenario de empate técnico de cara al balotaje, con ambos candidatos registrando alrededor del 38% de intención de voto. El alto nivel de rechazo que históricamente arrastra Keiko Fujimori aparece nuevamente como uno de los factores centrales de la campaña.
Tras confirmarse el pase de Sánchez a segunda vuelta, sectores de derecha comenzaron a denunciar presunto fraude electoral sin presentar pruebas concretas. López Aliaga rechazó reconocer formalmente su derrota y dirigentes cercanos a su espacio incluso realizaron llamados públicos a una eventual intervención militar para impedir un triunfo de la izquierda.
En paralelo, distintos medios peruanos iniciaron una fuerte campaña de cuestionamientos contra Sánchez, mientras organizaciones sociales y analistas denunciaron la circulación masiva de mensajes racistas y acusaciones de terrorismo contra el candidato y sus votantes, especialmente en redes sociales. El fenómeno recuerda el clima político vivido durante la elección presidencial de 2021 que consagró a Pedro Castillo.
La tensión política también se trasladó al ámbito judicial. La fiscalía peruana, conducida por un fiscal general señalado por sectores opositores como cercano al fujimorismo, anunció un pedido de cinco años y cuatro meses de prisión contra Sánchez por una causa vinculada a supuestas irregularidades en declaraciones de aportes de campaña realizadas entre 2018 y 2020. El dirigente negó cualquier irregularidad y rechazó las acusaciones.
El proceso judicial todavía no tiene sentencia y recién el próximo 27 de mayo un juez determinará si la causa avanza a juicio oral o es archivada por falta de pruebas. Sin embargo, la denuncia ya comenzó a ocupar un lugar central dentro de la campaña electoral.
La inseguridad y el crecimiento del crimen organizado aparecen además como uno de los principales ejes de debate entre ambos candidatos. Fujimori propone políticas de “mano dura”, incluyendo tribunales militares para juzgar civiles y el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sánchez, en cambio, defendió la permanencia en el sistema interamericano y planteó reformas orientadas a fortalecer la independencia judicial y reestructurar la policía peruana.
El candidato izquierdista también prometió impulsar la derogación de las denominadas “leyes procrimen”, aprobadas en los últimos años por sectores parlamentarios vinculados al fujimorismo y cuestionadas por dificultar investigaciones judiciales sobre corrupción y crimen organizado.
La segunda vuelta peruana aparece así atravesada por una fuerte disputa política e institucional, donde además del resultado electoral también se pondrá en juego el modelo de funcionamiento del sistema democrático peruano y el equilibrio de poder entre sectores conservadores, fuerzas progresistas y estructuras judiciales.
