Londres autoriza una nueva embajada china de gran escala y reabre el debate por la seguridad nacional

 

El Reino Unido dio finalmente luz verde a los planes de China para levantar una nueva embajada de gran tamaño en Londres, una decisión que llevaba años trabada y que volvió a encender las alarmas entre legisladores, vecinos y sectores críticos del gobierno chino que residen en el país.

El proyecto se desarrollará en Royal Mint Court, un histórico predio cercano al distrito financiero donde antiguamente se acuñaban monedas. China adquirió el terreno en 2018 por una suma cercana a los US$ 300 millones y planea construir allí un complejo de unos 20.000 metros cuadrados, que se convertiría en su mayor representación diplomática en Europa.

La aprobación llegó tras múltiples postergaciones, reflejo de las dudas del propio gobierno británico sobre cómo equilibrar su relación con Beijing. Por un lado, Londres busca mantener vínculos comerciales y diplomáticos fluidos; por otro, existen preocupaciones de larga data por la cercanía del edificio a infraestructuras sensibles, como cables de fibra óptica que transportan información financiera y comunicaciones estratégicas.

El documento de planificación, que supera las 200 páginas, concluyó que el proyecto cumple con los requisitos urbanísticos vigentes y recomendó otorgar tanto el permiso de obra como la autorización sobre el edificio catalogado. De este modo, el Ejecutivo tomó una decisión que el ayuntamiento local había rechazado años atrás.

La polémica se intensificó días antes de la aprobación, cuando un medio británico difundió supuestos planos que mostrarían la construcción de un amplio complejo subterráneo bajo la embajada, con espacios ubicados a pocos metros de los cables de datos. Dirigentes opositores advirtieron que el lugar podría transformarse en un punto crítico para actividades de inteligencia y presión política.

Desde la oposición conservadora señalaron que autorizar la obra supone un riesgo permanente para los servicios de seguridad y acusaron al gobierno de priorizar intereses económicos por sobre la protección nacional. En paralelo, el servicio de inteligencia interno, el MI5, no presentó objeciones formales al proyecto, aunque en reiteradas ocasiones alertó sobre amenazas más amplias vinculadas a actividades estatales chinas en el Reino Unido.

En informes recientes, la agencia de seguridad también advirtió que servicios de inteligencia extranjeros estarían utilizando redes profesionales para acercarse a funcionarios y empleados del Parlamento, una acusación que fue rechazada por la embajada china, que la calificó de infundada. Parte de este contexto fue reflejado en coberturas de medios internacionales como CNN, que siguieron de cerca el debate político y social en torno a la obra.

Otro factor clave en la decisión habría sido la situación diplomática recíproca. Beijing mantiene bloqueados los planes del Reino Unido para modernizar su propia embajada en China, y la aprobación en Londres podría destrabar ese proceso. Además, en Downing Street existía el temor de que un rechazo definitivo afectara negativamente el comercio bilateral, en un momento de fragilidad económica.

El primer ministro Keir Starmer, que en 2024 se convirtió en el primer jefe de gobierno británico en años en reunirse con Xi Jinping, había manifestado su intención de construir una relación más estable y pragmática con China. Sin embargo, los números comerciales muestran señales mixtas: aunque China sigue siendo uno de los principales socios del Reino Unido, las exportaciones británicas hacia ese país cayeron con fuerza en el último año medido.

La aprobación de la “megaembajada” también generó inquietud entre ciudadanos chinos en el exilio, en particular activistas prodemocracia y residentes de Hong Kong. Algunos de ellos temen que el nuevo complejo sea utilizado para tareas de vigilancia, presión o intimidación contra opositores al gobierno chino que viven en el Reino Unido.

Las autoridades chinas, por su parte, habían expresado públicamente su malestar por las demoras en la aprobación y advirtieron que un eventual rechazo tendría consecuencias para las relaciones bilaterales. Con la decisión tomada, el debate ahora se traslada al plano político y social, donde persisten las dudas sobre el impacto que tendrá la nueva embajada en la seguridad y la convivencia en la capital británica.