La Unión Europea avanza hacia un modelo más restrictivo de gestión migratoria con retornos a terceros países
Los ministros del Interior respaldaron medidas que permiten externalizar procedimientos y acelerar deportaciones. El giro endurece la política común en un contexto marcado por el ascenso de fuerzas antiinmigración en el continente.
La Unión Europea dio un nuevo paso hacia una política migratoria más estricta al aprobar, este lunes, un paquete de disposiciones que habilita la creación de centros de retorno fuera del territorio comunitario y facilita la expulsión de personas cuya solicitud de asilo sea denegada. El debate, que ocupó la reunión de ministros del Interior en Bruselas, se inscribe en un momento político en el que el crecimiento de las derechas imprime presión sobre la agenda migratoria del bloque.
Las medidas —que deberán negociarse y votarse en el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor— contemplan sanciones más severas para quienes no abandonen la UE tras el rechazo de su expediente y permiten trasladar a solicitantes de asilo a países catalogados como “seguros”, incluso sin vínculo previo con esos destinos. La iniciativa formaliza intentos de externalización ya ensayados por algunos gobiernos, como el acuerdo impulsado por Italia con Albania.
En declaraciones recogidas por Página 12, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, sostuvo que el objetivo es reforzar la percepción de control sobre los flujos migratorios, pese a que las llegadas irregulares descendieron un 20% interanual. “Estamos poniendo en orden nuestra casa europea”, afirmó, defendiendo la necesidad de una respuesta más firme.
El plan incluye la primera lista común de “países de origen seguros”, que incorpora a Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Túnez y Kosovo. La clasificación permitirá acelerar rechazos y simplificar los procedimientos de retorno, una decisión cuestionada por organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos. Desde la red PICUM, Silvia Carta advirtió que la estrategia “expondrá a más personas al peligro y a la inseguridad jurídica”.
España y Francia manifestaron dudas sobre la compatibilidad de los centros de retorno con las normas internacionales. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, alertó que la reforma “rompe la integridad del pacto migratorio antes de que entre en vigor”, al tiempo que cuestionó la falta de garantías legales en los países receptores.
Pese a las resistencias, la presidencia danesa del Consejo confirmó que existe consenso para acelerar el avance del paquete, argumentando que la externalización podría reducir los riesgos de las travesías migratorias hacia Europa.
En paralelo, los Veintisiete alcanzaron un acuerdo político sobre el contingente anual de solidaridad que operará desde 2026. El mecanismo prevé un máximo de 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros en asistencia financiera para los Estados más presionados por la llegada de migrantes —entre ellos España, Grecia, Italia y Chipre—, aunque las cifras definitivas se conocerán recién al cierre del año.
Grande-Marlaska lamentó que el volumen sea inferior al propuesto inicialmente por la Comisión Europea y advirtió que la negociación “no puede convertirse en un regateo de cifras”, ya que una reducción del fondo limita la capacidad de respuesta ante situaciones humanitarias urgentes.
