Israel aprobó la pena de muerte para condenados por terrorismo y desató críticas internacionales
La ley fue impulsada por el oficialismo y respaldada por Netanyahu. Organismos y gobiernos europeos cuestionaron la medida por su posible carácter discriminatorio.
El Parlamento israelí aprobó una ley que habilita la aplicación de la pena de muerte para personas condenadas por ataques considerados como actos de terrorismo, en una decisión que generó un inmediato rechazo a nivel internacional. La iniciativa fue respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu y contó con mayoría en la Knesset.
La normativa establece que quienes provoquen la muerte de ciudadanos israelíes con intencionalidad política podrán ser condenados a muerte o a prisión perpetua, aunque en la práctica la medida impactaría principalmente sobre la población palestina, especialmente en Cisjordania, donde rigen tribunales militares para estos casos.
El texto aprobado introduce diferencias en el tratamiento judicial según la jurisdicción. Mientras que los tribunales militares tendrían la obligación de aplicar la pena capital en determinadas circunstancias, los tribunales civiles conservarían mayor margen para optar por condenas alternativas. Esta distinción fue uno de los principales puntos cuestionados por organizaciones de derechos humanos .
La ley también define el procedimiento de ejecución, que deberá realizarse en un plazo determinado tras la sentencia y bajo condiciones específicas de detención y supervisión. Se trata de un cambio significativo en el marco legal israelí, donde la pena de muerte estaba restringida a casos excepcionales como crímenes de guerra o genocidio.
La aprobación de la norma provocó reacciones críticas de distintos gobiernos europeos y organismos internacionales, que advirtieron sobre posibles violaciones al derecho internacional y sobre el riesgo de una aplicación discriminatoria. En esa línea, también se expresaron autoridades palestinas, que cuestionaron la legitimidad de la medida en los territorios ocupados.
Además, sectores de la sociedad civil israelí anunciaron acciones judiciales para intentar frenar la implementación de la ley, argumentando que contradice principios fundamentales del sistema jurídico del país.
La decisión se da en un contexto de creciente tensión en la región y abre un nuevo foco de conflicto político y jurídico, con implicancias tanto a nivel interno como en el plano internacional.
