Irán admite miles de muertes en las protestas y crecen las denuncias por un saldo mucho mayor
El gobierno iraní reconoció más de 3.100 fallecidos tras la represión, pero organismos de derechos humanos sostienen que la cifra real podría multiplicar ampliamente ese número.
Las autoridades de Irán reconocieron oficialmente que al menos 3.117 personas murieron durante las protestas que sacudieron al país desde fines de diciembre. El dato, difundido por organismos estatales y replicado por la televisión oficial, marca la primera admisión pública de la magnitud de la represión, aunque activistas y organizaciones de derechos humanos advierten que el número real de víctimas sería muy superior.
De acuerdo con la versión gubernamental, una parte significativa de los fallecidos fue catalogada como “mártires”, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que otro grupo fue calificado como “alborotadores” o “terroristas” que habrían atacado instalaciones estatales. Sin embargo, observadores independientes cuestionan esta clasificación y señalan que el régimen tiene antecedentes de minimizar el impacto de la violencia ejercida por el Estado.
Las manifestaciones comenzaron como una reacción al deterioro económico y al aumento del costo de vida, pero rápidamente derivaron en huelgas y protestas masivas que desafiaron de forma directa al sistema político instaurado tras la revolución islámica de 1979. En ese contexto, distintas coberturas periodísticas, entre ellas las difundidas por Infobae, ya habían advertido sobre un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades.
Desde la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, su director Mahmood Amiry-Moghaddam afirmó que las evidencias recopiladas indican que el número de muertos podría alcanzar o incluso superar las 25.000 personas. Según explicó, el patrón de ocultamiento observado durante las protestas es similar al que el régimen ha aplicado históricamente en otros casos sensibles, como las ejecuciones.
Otras entidades también elevaron sus propios balances. La Human Rights Activists News Agency (HRANA), radicada en Estados Unidos, reportó más de 4.500 muertes verificadas, aunque reconoció que las restricciones informativas y el apagón casi total de internet dificultan enormemente la confirmación de datos dentro del país.
Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes, incluso desde posiciones elevadas, y documentaron ataques dirigidos a mujeres y menores. En la misma línea, el grupo Hengaw confirmó la muerte de decenas de mujeres durante los operativos represivos.
El bloqueo de comunicaciones ha sido uno de los principales obstáculos para conocer el verdadero alcance de la violencia. Grupos de monitoreo registraron cientos de horas sin acceso a internet ni telefonía, mientras que los videos que lograron salir del país muestran morgues colapsadas y familiares intentando identificar cuerpos con heridas de bala.
En paralelo, el régimen iraní insiste en atribuir las protestas a una supuesta injerencia extranjera y defiende el accionar de las fuerzas de seguridad. No obstante, la presión internacional crece y las organizaciones de derechos humanos reclaman mecanismos concretos para proteger a la población civil y sancionar a los responsables.
Mientras Teherán busca dar por cerrado el episodio, activistas y referentes de la sociedad civil advierten que el costo humano de la represión aún no está completamente dimensionado y podría convertirse en uno de los capítulos más sangrientos de la historia reciente del país.
