El Supremo español mantiene la suspensión del derecho al voto de los nietos de exiliados

 

El Tribunal Supremo español decidió este lunes mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los descendientes de españoles que obtuvieron la nacionalidad por la llamada “ley de nietos”, por lo que no podrán votar en las próximas elecciones generales en España. El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) rechazó la medida por excluir votantes, mientras que el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox celebraron, al afirmar que se hizo justicia contra la gestión de gobierno del presidente Pedro Sánchez.

Según fuentes jurídicas, las 163.020 personas afectadas no podrán acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre, fecha marcada por el adelanto electoral establecido por el Gobierno de Sánchez, porque el censo cerró este mismo lunes. La ley de nietos es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual. Para su aplicación, el Gobierno español aprobó una instrucción para indicar que se presumirá la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco. El partido Iustitia Europa y el ultraderechista Vox apelaron la medida y el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los afectados.

El adelanto electoral

Tras el adelanto electoral, la Abogacía del Estado pidió que se levantara esta medida cautelar para que los afectados pudieran votar. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado argumentaron la “imposibilidad material” de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo. La respuesta del máximo tribunal fue desestimar este lunes el recurso de reposición de la Abogacía del Estado, con el voto particular de una magistrada de los seis que componen la Sección. En su argumentación, el Supremo cargó contra la Abogacía del Estado por no cumplir las órdenes que recogía el auto de las medidas cautelares.

A un mes de la suspensión cautelar, los magistrados justificaron mantener la medida porque el cumplimiento del auto es “inexistente” y no hay constancia de que la Oficina del Censo Electoral haya iniciado el desglose de los expedientes afectados. “El interés general de preservar la pureza del proceso electoral debe prevalecer sobre el derecho de sufragio”, argumentó la Sala. La jueza del Tribunal Supremo María Alicia Millán Herradis presentó un voto particular en contra. Para la magistrada, la convocatoria electoral volvió “irreversible la eventual lesión del derecho de sufragio de los afectados”, un elemento “nuevo y decisivo” que debió haber cambiado el criterio de la Corte.

Reacciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aplaudió la decisión del tribunal en la red social X. “La Corte ha vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno y ha antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas”, sostuvo. Vox también festejó, al considerar que con ella ha hecho “justicia” para que el 29 de noviembre se puedan celebrar unas elecciones “limpias”. El líder del partido ultraderechista, Santiago Abascal, declaró al medio conservador Okdiario: “No se puede fabricar votantes de manera ilegítima y de manera ilegal. Hemos pillado (a Sánchez) con las manos en la masa”.

Por su parte, fuentes del partido gobernante Partido Socialista Obrero Español afirmaron que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal volvieron a “tropezar con la piedra” del franquismo: “¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?”. Antes de conocerse la resolución, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, señaló a estos mismos líderes como responsables últimos de esta decisión que va a impedir el derecho al voto, lamentó, de miles de personas. “Las derechas esparcieron un bulo sobre esta ley al presentar una denuncia para que no puedan votar 400.000 españoles que votaron en 2023, 2024 y 2025”, indicó. “Es un derecho fundamental de participación que no se puede sustraer, y además son personas que han votado ya en otras convocatorias”, subrayó. “La primera pregunta que hay que hacerse es si es constitucional”, advirtió el mandatario, al tiempo que planteó si es posible decir a “400.000 españoles que ya han ejercido su derecho a votar, (…) que no van a poder hacerlo en 2026 porque no lo quiere Feijóo y no le gusta a Abascal”.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, había asegurado el jueves que si antes de las próximas elecciones generales no se desbloqueaba la aplicación de la Ley de Nietos, se acudiría a las elecciones “con un censo alterado”. “Le estamos pidiendo con todo el respeto al Tribunal Supremo que resuelva cuanto antes esa cuestión, porque imagine el escenario: se va a las elecciones, se vota y después se decide que la demanda no tenía ningún sentido y que esas 400.000 personas tenían que haber votado”, dijo Bolaños en un diálogo en las jornadas sobre la Guerra Civil celebradas en Sevilla. El funcionario español recordó que la ley es de 2022 y remarcó: “Durante cuatro años ha sido pacífica y no ha dicho nadie ni pío e incluso ha habido gente que ha votado en las elecciones de 2023 y en las autonómicas”. Y agregó: “Ahora, sin embargo, todo nace de un bulo que es que se va a hacer un gran pucherazo, sin ninguna prueba, totalmente delirante, y de ahí nace que organizaciones ultraderechistas lo llevan al Tribunal Supremo para paralizar ese derecho al voto”.