El ministro de Educación de Perú fue censurado por el Congreso y debe renunciar

 

El Congreso de Perú aprobó este martes una moción de censura al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por lo que el funcionario debe renunciar al cargo, en una situación que profundiza el choque de poderes entre el Ejecutivo del presidente Pedro Castillo y el Legislativo.

El pleno del parlamento unicameral dio luz verde, con 70 votos a favor, 38 en contra y siete abstenciones, a la moción que cuestionaba la idoneidad de Gallardo para el cargo, las designaciones en su sector y supuestas filtraciones de las preguntas del examen para nombramientos docentes de 2021, entre otras cosas.

La iniciativa fue presentada por la bancada de Renovación Popular con el apoyo de legisladores de Avanza País, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Podemos Perú -todas fuerzas opositoras- después de que el 7 de este mes Gallardo fuera interpelado por los congresistas y muchos de estos consideraran insatisfactorias sus respuestas.

A partir de la sanción de la censura, el ministro debe presentar la renuncia y el presidente de la república debe aceptarla, todo ello dentro de las 72 horas siguientes.

Hasta esta tarde no se conocía la reacción de Gallardo ni se había informado sobre la presentación de la dimisión, pero el ministro censurado avisó ayer que respetaría la decisión del Congreso, aunque insistió en que no tenía por qué renunciar, y rechazó su responsabilidad en la supuesta filtración de un examen nacional a docentes.

“En principio, no tengo por qué renunciar, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo y creo que la decisión que tome mañana el Congreso, sea a favor o en contra, tenemos que respetarla”, declaró en conferencia de prensa, según la radio RPP.

El caso salió a la luz luego de que apareciera en los medios un supuesto testigo que afirmó que la parlamentaria oficialista Lucinda Vásquez y una hija del ministro, Inés, orquestaron la obtención de cuestionarios de un examen para profesores, con el fin de venderlos a quienes debían rendir esa prueba.

Más allá de negar cualquier acto doloso, las denuncias salpicaron al ministro, y la presidenta del Consejo de Ministros (jefa del gabinete), Mirtha Vásquez, admitió que la acusación es “gravísima” y dijo que, si se comprueba, el funcionario “se tiene que ir”.

Al margen de este caso en particular, la situación refleja el conflicto de poderes que atraviesa el Ejecutivo de Castillo, sobre todo, pero no exclusivamente, con el Legislativo.

La mayoría opositora del Congreso fracasó semanas atrás en el primer intento de admitir una moción de vacancia (juicio político) contra Castillo y meses atrás había amenazado, también sin éxito, con una moción de censura al entonces ministro de Trabajo, Íber Maraví, quien fue finalmente desplazado por el mandatario.

Los conflictos de Castillo con el parlamento incluyeron al bloque del partido oficialista Perú Libre (PL), que el mes pasado votó dividido cuando se debatió la confianza constitucional al gabinete que encabeza Vásquez.

Asimismo, los múltiples enfrentamientos del presidente con diversos sectores de la oposición, e incluso de su mismo partido, lo llevaron a remover ministros poco después de designarlos, como en los casos de su primer canciller, Héctor Bejar, y su primer jefe del gabinete, Guido Bellido, que duraron en los cargos 21 y 70 días, respectivamente.

Bellido milita en el ala más radical del marxista PL, que encabeza el jefe del partido, Vladimir Cerrón, y su sucesora en el gobierno, Vásquez, pertenece al Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda moderada.

Paralelamente, tanto el Congreso como el Poder Judicial investigan a Castillo por casos de supuesta corrupción o tráfico de influencias que la prensa reveló en los últimos meses.

Uno de ellos se relaciona con supuestas presiones a altos mandos militares para favorecer el ascenso de oficiales de buena relación con el mandatario, hecho que involucró a los entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y secretario privado del mandatario, Bruno Pacheco, quienes también fueron despedidos del gobierno.

El otro está vinculado con reuniones que el mandatario supuestamente celebró con empresarios, ejecutivos de empresas y lobbistas en una vivienda privada, sin que fueran registradas en su agenda de actividades oficiales.

Por el primer caso, Castillo deberá declarar el martes próximo ante la fiscalía, después de que se postergara, a su pedido, la primera citación para que lo hiciera el martes pasado y de que él mismo le pidiera hoy a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, anticipar en 24 horas el trámite que el Ministerio Público había fijado ayer para el miércoles 29, según la agencia de noticias Andina.

Por otra parte, funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción allanaron ayer el Palacio de Gobierno y la sede de la petrolera estatal Petroperú en relación con una licitación para la compra de biodiésel por 74 millones de dólares, que ganó un proveedor que días antes se había reunido con el mandatario.

Al respecto, Castillo rechazó este martes “de manera enfática haber participado en actos irregulares” y pidió que la Justicia levante su “secreto bancario, tributario y de comunicaciones”, así como que la Fiscalía fije una fecha para tomarle declaración.

También solicitó, en un oficio a Ávalos, que excluya del caso al fiscal Luis Medina, quien dirigió el allanamiento al Palacio de Gobierno, por considerar que actuó “de forma abusiva”.

En otra manifestación de la tensión entre los poderes, ayer el Ministerio Público dejó constancia en un acta que sus funcionarios solo pudieron ingresar al Palacio de Gobierno una hora después de haberse presentado, pues fueron demorados por personal de la sede del Ejecutivo.