El Gobierno de Bolivia pidió retomar el caso de la expresidenta de facto Jeanine Áñez

El viceministro de Justicia dijo que la defensa de Áñez ya agotó todos los recursos posibles y que ahora ya es momento de reanudar el juicio y dictar sentencia, tras los hechos ocurridos en noviembre de 2019.

El Gobierno de Bolivia pidió retomar el caso de la expresidenta de facto Jeanine Áñez

 

El viceministro de Justicia de Bolivia, César Siles, instó a la Justicia del país a que retome lo antes posible el caso ‘golpe de Estado II’ en el que está involucrada la expresidenta de facto Jeanine Áñez, y dicte con “celeridad” la sentencia.

El viceministro dijo que la defensa de Áñez ya agotó todos los recursos posibles y que ahora ya es momento de reanudar el juicio y dictar sentencia, informó la agencia de noticias Europa Press.

“No debería pasar más de una semana para dictarse sentencia”, insistió.

El Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó la semana pasada la acción de anticonstitucionalidad presentada por la defensa de Áñez, dejando así vía libre a que la Justicia pueda continuar con el caso y emitir un fallo que Siles considera que no se demorará más allá de la semana que viene.

El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, dijo la semana pasada que la condena Áñez podría llegar incluso a los quince años de prisión, si bien señaló que se trata de una decisión que debe recaer tan solo en manos del Poder Judicial.

Áñez está acusada en el marco de lo ocurrido en noviembre de 2019, cuando una sublevación militar obligó al entonces presidente, Evo Morales a abandonar el cargo y, apenas dos días después, la propia Áñez, entonces senadora, asumió de facto la Presidencia de Bolivia.

Estos hechos se enmarcan en un caso judicial denominado ‘Golpe de Estado I’ y ‘Golpe de Estado II’.

Este segundo ya se encuentra en fase de juicio oral, en el que Áñez y otras ocho personas son procesadas por decisiones contrarias a la Constitución.

La exmandataria está recluida en prisión preventiva desde marzo de 2021.

En noviembre del pasado año, la Fiscalía pidió la pena máxima de diez años contra la exmandataria.

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