El fiscal de la CPI inicia una visita a que interesa tanto al Gobierno como a la oposición venezolana

El fiscal de la Corte Penal Internacional y su comitiva se reunirán en Caracas con autoridades ejecutivas y judiciales, así como con representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.

El fiscal de la CPI inicia una visita a que interesa tanto al Gobierno como a la oposición venezolana

 

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, iniciará este sábado una visita de cinco días a Venezuela que, por distintos motivos, es esperada con expectativa tanto por el Gobierno como por la oposición locales.

Khan y los miembros de su comitiva, que terminan este viernes una estadía también de cinco días en Colombia, se reunirán en Caracas con autoridades ejecutivas y judiciales, así como con representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamantales.

También conversarán con miembros del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, informó la CPI en un comunicado divulgado el lunes.

Los objetivos de la gira son “aumentar el compromiso directo con la región” y “explorar vías de cooperación en consonancia con el principio de complementariedad”, dijo la nota.

“Estoy convencido de que una mayor participación y cooperación con los Estados partes mejorará el funcionamiento del régimen del Estatuto de Roma”, afirmó Khan en el documento.

“La comunicación es fundamental para explicar el mandato de la Fiscalía y de la CPI, y para construir confianza con las partes interesadas relevantes”, añadió sobre el que es su “primer viaje como fiscal de la CPI a la región” sudamericana.

No es casual, sin embargo, que Khan haya escogido para su primera gira a dos países sobre los cuales su oficina está realizando estudios preliminares en relación con denuncias radicadas ante la CPI por presunta violación de derechos humanos.

El análisis de la situación de Venezuela

En el caso de Venezuela, la fiscalía está analizando de manera preliminar las circunstancias relacionadas con dos denuncias.

Una de ellas se enfoca en la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad a partir de abril de 2017, en el contexto de una serie de protestas callejeras que se produjeron entonces por espacio de cuatro meses y dejaron al menos 127 muertos, 3.000 heridos y 3.000 detenidos, según datos oficiales.

Esa denuncia fue presentada en 2018 por seis países miembros del Estatuto de Roma: Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y la Argentina, aunque esta última se retiró formalmente del trámite en mayo pasado.

La otra denuncia fue radicada en 2020 por el propio Gobierno de Venezuela y apunta a determinar si se cometieron crímenes de lesa humanidad como consecuencia de la aplicación de “medidas coercitivas ilegales” adoptadas por EEUU contra el país al menos desde 2014.

La decisión de Khan de visitar Venezuela fue bien recibida por el oficialismo, según lo expresó en el Ministerio Público en un comunicado firmado por el fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek Saab, y difundido este lunes.

“Dicha ocasión servirá para evaluar de primera mano la buena marcha de nuestras instituciones y mantener un diálogo honesto con sus representantes”, afirmó Saab, quien en julio pasado, apenas Khan asumió su cargo, lo había invitado públicamente a viajar a Caracas.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro espera impresionar positivamente al visitante con un conjunto de medidas adoptadas en los últimos meses.

Una de ellas es la instalación, en el ámbito de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral con holgada mayoría chavista), en junio pasado, de una Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial, que preside el capitán y extitular del legislativo Diosdado Cabello.

Otra es la sanción, el mes pasado, de cinco leyes que introdujeron reformas en el Código Procesal Penal, el Código Penitenciario, el Código de Justicia Militar, el Estatuto de la Función de la Policía de Investigación y la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales.

Asimismo, el Gobierno exhibirá un plan especial para la regularización funcionarial de fiscales provisorios activos, anunciado la semana pasada, y la revisión de la sentencia que había absuelto al militar que asesinó al estudiante David Vallenilla en las protestas de 2017, en un caso que está incluido en una de las denuncias que investiga la fiscalía de la CPI.

Por otra parte, las autoridades continúan excarcelando paulatinamente opositores presos.

El Foro Penal, la ONG más especializada en el tema en el país, informó esta semana la salida de la cárcel de cinco opositores, por lo que al lunes pasado quedaban presos 254, entre los cuales hay 132 militares, 15 mujeres y un adolescente.

Al día siguiente reportó la excarcelación de dos de los tres dirigentes de la ONG humanitaria Fundaredes que estaban presos desde julio pasado.

En agosto de 2020, Foro Penal llegó a contabilizar 386 opositores presos.

No obstante, Foro Penal y otras ONG siguen denunciando las condiciones en que el Gobierno mantiene a los opositores presos, la mayoría de ellos recluidos en dependencias militares o del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y no en cárceles comunes.

La cuestión se reavivó hace dos semanas, a raíz de la muerte en prisión del exgeneral chavista Raúl Baduel, uno de los “presos políticos” más antiguos y emblemáticos.

El Gobierno informó que falleció “de un paro cardiorrespiratorio producto de la Covid-19” y detalló que solo había “recibido la primera dosis de la vacuna” contra el coronavirus, pese a que tenía 66 años.

En cambio, la esposa y la hija de Baduel dijeron que no recibió la atención médica adecuada, negaron que el exgeneral haya sufrido Covid-19 y sostuvieron que esta afirmación de las autoridades podía ser una excusa para cremar el cuerpo sin practicarle una autopsia.

La ONU, la OEA y Estados Unidos, además de varias ONG venezolanas, reclamaron una investigación independiente de la muerte del exmilitar.

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