Condenan al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación
La Audiencia de Badajoz declaró a David Sánchez culpable de cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa por la modificación de su puesto en la Diputación provincial. Fue absuelto de tráfico de influencias, mientras su defensa anticipó que recurrirá la sentencia.

La Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para ejercer empleos o cargos públicos. El tribunal lo consideró cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa relacionado con la modificación del puesto que ocupaba en la Diputación de Badajoz.
La sentencia, conocida este martes, absolvió a Sánchez del delito de tráfico de influencias, por el cual las acusaciones populares habían solicitado penas de prisión. La Fiscalía, por su parte, había reclamado su absolución por todos los cargos durante el juicio desarrollado entre mayo y junio.
El proceso investigó las condiciones de su contratación en la administración provincial y el posterior cambio de denominación y funciones de su cargo. David Sánchez accedió en julio de 2017 a una plaza como coordinador de los conservatorios de Badajoz, que en 2022 pasó a llamarse Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas.
Según la resolución judicial, esa modificación representó una transformación sustancial del puesto y eliminó determinadas incompatibilidades laborales. El tribunal consideró que los cambios fueron realizados con el propósito de adaptar el cargo a las preferencias personales del hermano del presidente español.
Página/12 señaló que los otros diez acusados en la causa también fueron absueltos del delito de tráfico de influencias. Sin embargo, el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo recibió una condena de 18 años de inhabilitación por prevaricación administrativa, vinculada con las contrataciones de David Sánchez y de Luis Carrero, amigo de este último.
La investigación comenzó en 2024 a partir de una denuncia presentada por Manos Limpias, una organización vinculada con sectores de ultraderecha. La acusación sostuvo que el puesto podría haber sido creado específicamente para beneficiar a un familiar del jefe del Gobierno, argumento rechazado durante el proceso por la defensa.
Los abogados de Sánchez afirmaron que su cliente encontró la convocatoria laboral a través de Internet y que no tuvo intervención en la creación ni en la adjudicación de la plaza. El 5 de febrero de 2025, el acusado había presentado su renuncia como jefe de la Oficina de Artes Escénicas y, dos meses después, la jueza instructora dispuso su procesamiento.
La condena abrió un nuevo frente político para Pedro Sánchez, cuyo Gobierno se encuentra en minoría parlamentaria y enfrenta dificultades para aprobar el presupuesto y otras iniciativas legislativas. El Partido Socialista denunció que la causa estuvo impulsada por motivaciones políticas de la oposición conservadora y ultraconservadora.
La ministra portavoz, Elma Saiz, expresó la confianza del Ejecutivo en que una instancia judicial superior revierta el fallo y reconozca la inocencia de David Sánchez. También recordó que la Fiscalía había solicitado la absolución y cuestionó el origen de la denuncia.
Desde la izquierda, dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya y Compromís calificaron la pena como desproporcionada y criticaron la actuación judicial. En sentido contrario, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que la sentencia demuestra que ninguna persona está por encima de la ley y volvió a reclamar la renuncia del presidente del Gobierno.
El fallo todavía puede ser recurrido, por lo que la condena no se encuentra firme. El caso se suma a otras investigaciones que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez, entre ellas la causa contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos relacionados con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid.
