Chile rechazó una Constitución de ultraderecha pero queda vigente la de Pinochet
Una mayoría votó en contra de una iniciativa que limitaba el rol del Estado en la economía de mercado, endurecía el trato hacia la migración irregular y abría la puerta a revisar la ley del aborto.
Los chilenos rechazaron este domingo en un plebiscito la propuesta de Constitución elaborada por un consejo dominado por la ultraderecha, por lo que seguirán bajo el marco normativo impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet. Escrutado el total de las mesas, la opción “en contra” se impuso por un 55,76 por ciento de acuerdo con Servicio Electoral (Servel). En cambio un 44,24 por ciento de los electores votó a favor de la iniciativa que pretendía endurecer el trato hacia la migración irregular y abría la puerta a revisar la ley del aborto.
La opción del rechazo el texto se impuso en la mayoría de las 16 regiones del país, especialmente en la capital, Valparaíso y Antofagasta, donde hubo casi 20 puntos de diferencia. La votación se realizó sin mayores inconvenientes, pero lejos de la efervescencia con la que se inició el proceso hace cuatro años, por el hartazgo de la población frente a dos procesos en los que la clase política no pudo ponerse de acuerdo en un texto que gustara a las mayorías. La participación alcanzó el 84,36 por ciento, una cifra similar al 85,7 por ciento registrado en el plebiscito de septiembre de 2022.
A la derecha de Pinochet
El nuevo texto, que elaboró un consejo dominado por el Partido Republicano, era todavía más conservador que el heredado de la dictadura. Entre otros artículos, el nuevo marco normativo limitaba el rol del Estado en la economía de mercado y daba pie a revisar el derecho al aborto en sus tres causales (violación, inviabilidad del feto y riesgo para la madre). Además endurecía el trato a los migrantes con la expulsión “en el menor tiempo posible” de quienes estén en situación irregular.
El borrador constitucional contemplaba un retiro del pago de contribuciones a la primera vivienda, la libertad de elección de salud y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. La libre elección en materia de salud le hubiera dado rango constitucional a las prestaciones de salud privada de Chile, algo muy criticado por el oficialismo debido a los costos elevados del sistema. El gobierno de Gabriel Boric no intervino durante el proceso constituyente, el segundo en los últimos dos años para reformar la Carta Magna de la dictadura.
“El país se polarizó, se dividió, y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada para todos”, aseguró Boric luego de que se dieran a conocer los resultados. “La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile. Y esta deuda se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos”, aseguró el mandatario desde la sede de gobierno.
Con el rechazo al texto seguirá vigente la actual Constitución. Se cerrará, al menos durante el mandato presidencial de Boric, el debate constitucional iniciado tras el estallido social de 2019. “Nuestro país seguirá con la Constitución vigente, porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar ni unir a Chile en su hermosa diversidad”, afirmó el líder progresista.
“Mejor malo que pésimo”
El aumento de los delitos violentos, que los chilenos asocian a la llegada de migrantes, en su mayoría venezolanos, y una economía que no despega tras un fuerte ajuste destinado a contener la inflación, concentran hoy la atención de la población. Cuatro años después de salir a las calles para exigir mayor justicia social, los chilenos ahora piden más policías, orden y seguridad. Sin embargo ese reclamo, que picaba en punta en las últimas encuestas, no hizo tanta mella en el voto de este domingo.
Aunque reformada varias veces en democracia, el cambio de la Constitución de Pinochet era una vieja aspiración de la izquierda chilena, que apunta a su origen ilegítimo y a la escasa protección que establece en derechos sociales como salud, vivienda, pensiones y educación. Pero frente a una propuesta todavía más conservadora, los partidos de la izquierda y el progresismo chileno llamaron a votar en contra.
“Tengo mis opiniones claritas. Yo siempre prefiero algo malo que algo pésimo. Si hay gente que aspira a gobernar en el futuro, tiene que entender que gobernar es llegar a acuerdos”, dijo este domingo la expresidenta Michelle Bachelet. Convencida de que la propuesta representaría un retroceso respecto de los derechos de las mujeres y la consolidación del machismo, Bachelet atacó a quienes la criticaron por hacer campaña en favor del rechazo. “Cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión, nadie criticó. A la única que criticaron es a mí. Habrá machismo de por medio, digo yo”, aseguró.
En una línea completamente diferente a la de Bachelet se presentó el expresidente Sebastián Piñera, quien emitió su voto en el colegio Rafael Sotomayor en Las Condes, uno de los barrios más ricos de la capital, y no desaprovechó la ocasión para criticar con dureza al gobierno. “Chile necesita estabilidad, necesita unidad… sacar a Chile del pantano en que estamos y ponerlo nuevamente en marcha. Que volvamos a crecer, a crear empleos, a innovar, a emprender, a invertir”, aseguró Piñera, cuyo hermano fue el creador del sistema privado de pensiones que rige desde la dictadura.
Se agita el avispero en la ultraderecha
La conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), que hizo campaña a favor de la nueva propuesta, fue la primera en salir a reconocer los resultados. El presidente del Partido Republicano, el ultraderechista José Antonio Kast, reconoció más tarde la derrota. “Algunos dicen que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se interpretan. Los republicanos somos distintos, cuando ganamos, ganamos, y cuando perdemos, perdemos. Reconocemos esa derrota con mucha claridad”, afirmó Kast, una de las caras más visibles de este nuevo intento de reforma.
El influyente senador José Manuel Rojo Edwards expresó su satisfacción por el triunfo del rechazo a la propuesta de nueva Constitución y dio así el disparo de largada en la batalla por el liderazgo en el ultraderechista Partido Republicano, formación de la que se separó cuando Kast decidió tutelar el proceso constituyente. En declaraciones a la prensa, Rojo Edwards compartió su alegría con los movimientos de izquierda, con la coalición de gobierno y con los nostálgicos del régimen autoritario de Pinochet, sectores que a pesar de su antagonismo político compartían el rechazo al proyecto sometido a votación.
“Hoy día hemos enterrado la propuesta de un Estado socialista de derecho, enterramos la idea de que en documentos hechos en otros países, que no han pasado procesos democráticos, puedan fundamentarse los procesos judiciales. Enterramos esta idea de que es el Estado el que entrega derechos y por tanto puede quitarlos por una ley simple”, dijo Rojo Edwards en un discurso de cariz libertario en un tono similar al del nuevo presidente argentino, Javier Milei, en el que utilizó varias veces la formula “los queremos y defendemos la libertad”.
La jornada transcurrió sin mayores incidentes en un caluroso día el fin de semana previo a Navidad, donde los grandes comercios cerraron sus puertas. Más de 340 mil personas se excusaron para no votar en el referéndum obligatorio, una cifra que triplica las presentadas en el plebiscito de septiembre de 2022 y que evidencian el cansancio de un sector de la población respecto al proceso de plebiscito. Las cifras representan cerca del 2 por ciento del padrón electoral y casi el cuádruple en comparación con las elecciones celebradas el pasado 7 de mayo para elegir a los consejeros constitucionales que participaron en el proceso de elaboración del proyecto de Carta Magna.
Más de 15,4 millones de ciudadanos estaban llamados a votar desde las 8 hasta las 18 horas locales para aprobar o rechazar un texto elaborado por un órgano elegido en las urnas que no logró consensos y en el que la derecha y la ultraderecha tuvieron mayoría. Este segundo intento de darle al país una Carta Magna que sustituya a la de Pinochet arrancó en septiembre de 2022, cuando una contundente mayoría rechazó en otro plebiscito un proyecto escrito por una convención de mayoría izquierdista que proponía un profundo cambio en el modelo de país.
