Castillo apunta contra el Congreso y Boluarte por su destitución y anuncia candidatura al Senado en 2026

El expresidente Pedro Castillo volvió a cuestionar el proceso que lo apartó del poder en diciembre de 2022 y denunció penalmente a un centenar de congresistas y a Dina Boluarte por abuso de autoridad, nombramiento ilegal y aceptación ilícita de cargo público. La presentación, difundida por medios locales, se apoya en el argumento de que su vacancia fue aprobada con 101 votos, cuando —según su defensa— la ley requiere 104, equivalentes a las cuatro quintas partes del número legal de parlamentarios. La causa quedó registrada ante el fiscal general encargado, Tomás Gálvez, y retoma cuestionamientos ya planteados en 2023, aunque entonces fueron desestimados por falta de pruebas.

Para Castillo, la votación que lo destituyó violó el reglamento del Congreso y desconoció la voluntad popular: “Esta denuncia es por el maestro, el campesino, el obrero y el estudiante que siguen resistiendo frente al abuso”, transmitió a través de su equipo en la red social X. La presentación también cuestiona que el proceso se realizó de manera acelerada y sin permitirle ejercer su defensa, lo que habilitó la inmediata asunción de Boluarte con apoyo de las Fuerzas Armadas y sin revisión constitucional previa. La expresidenta permaneció en el cargo hasta octubre pasado, cuando fue destituida y encarcelada por su responsabilidad política en la represión que dejó decenas de muertos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Pese a su reclusión en el penal de Barbadillo, Castillo continúa activo políticamente. Este jueves, Juntos por el Perú oficializó su candidatura al Senado para las elecciones generales de 2026, encabezando la lista nacional. El anuncio fue realizado por Roberto Sánchez Palomino, exministro y actual congresista, quien competirá por la presidencia: “Su candidatura representa la voz del pueblo profundo, el reclamo de justicia y dignidad frente a la persecución política”, afirmó en diálogo con La República. La presentación fue interpretada como un desafío al clima político actual, marcado por intentos de sectores conservadores del Congreso —incluidos grupos vinculados al fujimorismo— de impulsar su inhabilitación.

El contexto institucional peruano continúa tensionado. El presidente interino, José Jerí, busca recomponer un escenario dominado por el descrédito político, la fragmentación social y los recientes conflictos diplomáticos con México, que derivaron incluso en la ruptura de relaciones. La crisis arrastra a un sistema que destituyó a seis presidentes en siete años y que consolidó un patrón de judicialización de la política. Castillo insiste en que su caída fue fruto de “una conspiración parlamentaria” que buscó desalojar a los movimientos populares del poder: “No me rindo ni me callo”, escribió en su último mensaje público.

Si la Fiscalía decide avanzar con la denuncia, podrían reabrirse debates centrales sobre la legitimidad de su destitución y la responsabilidad penal de más de cien legisladores, incluidos algunos que inicialmente respaldaron su llegada al gobierno. Para sus seguidores, el proceso que terminó con su mandato es parte de un ciclo de inestabilidad que también atravesó a su gestión, marcada por cinco gabinetes y más de 70 ministros en apenas 16 meses, además del deterioro de sus apoyos dentro de Perú Libre y el permanente enfrentamiento con un Congreso hostil.