Nación licita más de 2.500 km de rutas bajo un esquema de concesión privada
El Ministerio de Economía lanzó el llamado a licitación para tramos en cinco provincias. El plan apunta a transferir operación y mantenimiento al sector privado en medio de alertas por el deterioro de la red vial.
El Gobierno nacional formalizó el llamado a licitación pública, tanto nacional como internacional, para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en el marco de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. La medida fue oficializada a través de la Resolución 112/2026 y alcanza corredores estratégicos en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
El anuncio había sido anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien planteó que el objetivo es avanzar hacia un modelo de infraestructura vial con mayor participación privada y sin subsidios estatales. El proceso prevé delegar en empresas privadas la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los tramos incluidos.
Según consignó Ámbito, la licitación se organizará en cuatro corredores. El tramo Mediterráneo abarcará 672 kilómetros y conectará el centro productivo del país; el corredor Puntano comprenderá 720 kilómetros, clave para el transporte de larga distancia; el Portuario Sur cubrirá 637 kilómetros vinculados a accesos logísticos y portuarios; y el Portuario Norte sumará 528 kilómetros que conectan polos industriales.
Las obras alcanzarán las rutas nacionales 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008. El llamado se publicará durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía, y contará con una comisión evaluadora específica para analizar las ofertas.
La iniciativa se enmarca en el programa Red Federal de Concesiones, cuyo propósito es reducir el déficit fiscal mediante la transferencia de tramos de la red vial al sector privado. Desde la cartera económica sostienen que el esquema permitirá mejorar la calidad de las rutas y promover inversiones sin incrementar el gasto público.
Sin embargo, la decisión se produce en un contexto de advertencias sobre el estado de la infraestructura. Un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) indicó que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales presentan condiciones regulares o malas, situación que impacta en la seguridad vial y en la logística productiva.
El documento, titulado “Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial”, atribuye el deterioro a la falta de obras de mantenimiento preventivo y señala que la siniestralidad vial aumentó 14% interanual, con 4.369 muertes registradas en el último relevamiento. También detalla deficiencias en calzadas, banquinas, señalización, iluminación y puentes.
En este escenario, el Gobierno apuesta a que el nuevo esquema concesionado permita revertir el deterioro acumulado y modernizar los corredores estratégicos, mientras los gremios del sector reclaman mayores inversiones directas y alertan por el impacto del traspaso de funciones al ámbito privado.
