La UIA impulsa un pacto fiscal industrial para bajar impuestos y se lo presentará a Caputo

 

La Unión Industrial Argentina prepara una nueva presentación ante el ministro de Economía, Luis Caputo, para insistir con una rebaja integral de impuestos que alivie la presión fiscal sobre el sector productivo. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, reunirá documentación y propuestas técnicas para llevarlas al próximo encuentro con el titular del Palacio de Hacienda, previsto para agosto.

El eje del planteo será la convocatoria a un “Pacto Federal Fiscal industrial”, una iniciativa que busca ordenar la carga tributaria a nivel nacional, provincial y municipal. Desde la UIA consideran que este acuerdo resulta clave para que el sector manufacturero pueda enfrentar con mejores condiciones el proceso de apertura comercial.

Según informó Ámbito, la entidad empresaria sostiene que la carga fiscal argentina frenó con fuerza el crecimiento del PBI y afecta de manera directa la competitividad de las empresas. Rappallini comparó la situación local con la de Canadá y España, países con una población similar a la argentina, pero con presupuestos estatales cercanos a los US$900.000 millones, frente a un PBI argentino estimado en unos US$600.000 millones.

La central fabril reclama una reducción de la presión fiscal real. Aunque la carga tributaria general de Argentina se ubica en torno a algo más del 30%, en niveles similares a los países de la OCDE, desde la UIA advierten que el peso efectivo sobre la economía formal es mucho más alto. Según sus cálculos, la carga total sobre las empresas que operan en blanco equivale aproximadamente al 50% de sus utilidades.

Rappallini estuvo acompañado por el presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo, quien presentó un relevamiento comparativo del sistema tributario argentino frente al de 30 países. El informe, que ya había sido elaborado en 2023, incluye economías de la OCDE, países vecinos de la región, Países Bajos, España y Suiza.

De acuerdo con ese estudio, Argentina presenta la mayor carga impositiva efectiva entre los países analizados. Para la UIA, el escenario no cambió respecto de 2023, sino que se agravó por el incremento de la presión fiscal de los municipios.

Uno de los puntos centrales del planteo industrial es la necesidad de un acuerdo político amplio entre Nación, provincias y municipios. Rappallini advierte que una baja de impuestos nacionales podría perder efecto si los municipios ocupan ese espacio fiscal con nuevas tasas o aumentos sobre las ya existentes.

Entre los tributos señalados como prioritarios aparece el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como impuesto al cheque. Para la UIA, podría ser el primer candidato a desarmarse de manera gradual. Actualmente, este tributo representa alrededor del 7% de la recaudación.

Abeledo explicó que el impuesto al cheque tiene una particularidad: su impacto puede ser reducido sin necesidad de aprobar una ley en el Congreso. El diseño del tributo permite que el Poder Ejecutivo lo habilite por decreto como pago a cuenta de otros impuestos.

La propuesta de la UIA es avanzar en una eliminación progresiva, permitiendo primero computar el 60%, luego el 70% y finalmente el 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias o IVA. De esa manera, el costo para el sector empresario se neutralizaría y el tributo podría ser desactivado con mayor facilidad.

La iniciativa fiscal de la entidad también incluye una reducción del costo laboral no salarial. En ese punto, se propone permitir que hasta el 95% de las contribuciones patronales puedan computarse a cuenta de IVA y Ganancias para sectores intensivos en empleo, industrias y economías regionales. Según la UIA, esta medida ayudaría a incentivar la formalización de la actividad productiva.

En el caso del Impuesto a las Ganancias, la propuesta plantea establecer una alícuota única del 25%. Para el IVA, se reclama la devolución automática de saldos a favor, la posibilidad de compensarlos con otros impuestos y la eliminación de regímenes de retención y percepción.

La UIA también propone crear una cuenta única tributaria que permita utilizar de manera automática los saldos a favor y compensar obligaciones entre distintos impuestos. La entidad considera que este mecanismo reduciría costos financieros y administrativos para las empresas.

Otro de los puntos del paquete es la eliminación de los derechos de exportación para productos industriales y alimentos elaborados. Además, se plantea aumentar los reintegros de exportación para bienes industriales, alimentos, bebidas y economías regionales.

La propuesta incluye una reforma integral del ajuste por inflación impositivo y del tratamiento de quebrantos. También se reclama mayor automaticidad y reducción de anticipos, una demanda recurrente de las empresas por el impacto que estos pagos generan sobre el capital de trabajo.

En materia provincial, la UIA apunta a un Consenso Fiscal 2026 que reduzca las alícuotas de Ingresos Brutos para la industria hasta llegar a 0% en un plazo determinado. Mientras tanto, propone actualizar automáticamente los umbrales de ingresos que definen las distintas alícuotas mediante un índice público de referencia.

La entidad también pide devolución automática de saldos, eliminación de regímenes de percepción, retención y pagos a cuenta, y una revisión de las tasas municipales. En este punto, sostiene que esas tasas deben corresponderse con una prestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio, y que sus montos deben ser proporcionales al costo real.

El paquete de medidas contempla además la incorporación del concepto de “buen contribuyente”, la actualización de valores en normas tributarias atada a un índice público y la adhesión de las provincias pendientes a la Ley de Transparencia Fiscal.

Por último, la UIA propone establecer un compromiso de estabilidad fiscal y jurídica similar al RIGI por 30 años, con el objetivo de otorgar previsibilidad a las nuevas inversiones. Para la entidad, esa estabilidad es clave para mejorar la competitividad, atraer capital productivo y sostener la actividad industrial en un contexto de mayor competencia externa.