El Gobierno adjudicó la venta de AySA por 340 millones de dólares

 

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, adjudicó la licitación pública nacional e internacional para la venta de la totalidad de las acciones del Estado nacional en Agua y Saneamientos Argentinos, que representan el 90% del paquete accionario de la compañía. La adjudicataria es la oferta integrada por las firmas Rowing SA, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA, por un monto de 340.200.000 dólares sin IVA.

La medida se oficializó a través de la Resolución 1818/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo. En segundo lugar del orden de mérito quedó el consorcio formado por Roggio Roas SAU, Hidrosan Capital SAU, Aguas del Plata Participaciones SA, Benito Roggio e Hijos SA y Central Buen Ayre SA, que ofertó 285 millones de dólares sin IVA.

De acuerdo con la resolución, la Comisión de Evaluación «ad hoc» recomendó adjudicar la licitación al primero en el orden de mérito y su dictamen no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto. El texto agrega que las ofertas económicas «resultan razonables» a la luz de la tasación del Banco de Inversión y Comercio Exterior y se encuentran dentro de las proyecciones de esa valuación.

La norma fija el 13 de noviembre como plazo para firmar el contrato de compraventa de acciones. Además, instruye a la Tesorería General de la Nación a informar al adjudicatario la cuenta a la que deberá transferir el pago por el 90% del paquete accionario. La resolución también corrige un error material en el modelo de contrato incluido en el pliego, para precisar que las acciones adquiridas son 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, de valor nominal de 1.000 pesos cada una y con derecho a un voto por acción, que representan el 90% del capital social y de los votos de la empresa.

AySA fue declarada «sujeta a privatización» por la Ley Bases. En julio de 2025, un decreto autorizó su privatización total con la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública, y el remanente en bolsas y mercados del país. En mayo de este año, una resolución convocó a una licitación de etapa múltiple, sin precio base, para vender a un único operador estratégico la totalidad de las acciones estatales. Las ofertas técnicas de los dos consorcios se abrieron en septiembre y ambos fueron preseleccionados en octubre. Las ofertas económicas se conocieron días después a través de la plataforma CONTRAT.AR.

La privatización quedó bajo cuestionamiento por posibles conflictos de intereses entre empresas vinculadas al grupo que presentó la oferta ganadora y aportantes a la campaña electoral de La Libertad Avanza. El consorcio encabezado por Rowing fue seleccionado para adquirir el 90% de las acciones por 340,2 millones de dólares, una cifra inferior a los 500 millones que el Gobierno había anticipado como piso esperado para la operación.

Las alertas apuntan a los vínculos de Rowing con Equo Capital, grupo que también reúne a Direct Group y Lógico, dos firmas que aportaron 20 millones de pesos cada una a la campaña de LLA en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2025. Según la información pública de la Cámara Nacional Electoral, las contribuciones se realizaron el 28 y el 29 de julio de ese año. El dato fue señalado por Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, en medio de los cuestionamientos al proceso.

En paralelo, cuatro integrantes de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se investiguen las condiciones de la licitación y las tasaciones utilizadas para determinar el valor de AySA. Los legisladores cuestionaron que los informes de valuación se mantuvieran bajo reserva y denunciaron que el procedimiento habría apartado al Tribunal de Tasaciones de la Nación de su intervención habitual. Según el planteo, esa falta de información impide conocer los criterios empleados para fijar el valor de la compañía y evaluar si la oferta seleccionada resulta conveniente para el Estado.

La presentación también advierte que el Tribunal de Tasaciones había señalado limitaciones para aplicar el método de valuación impulsado por el Gobierno, basado en los ingresos esperados, las inversiones comprometidas y los costos operativos, ya que su tarea se concentra en la valoración de activos físicos. La denuncia sostiene que la tasación terminó en manos de una unidad creada para ese fin dentro del Banco de Inversión y Comercio Exterior y no descarta posibles responsabilidades administrativas o penales.