El gasto del Estado cayó a un piso histórico y cerró 2025 en 14,5% del PBI
Un informe privado mostró que el peso del sector público sobre la economía fue el más bajo de la última década. El recorte se apoyó en obra pública, subsidios y programas sociales.
El gasto público consolidado representó en 2025 el 14,5% del Producto Bruto Interno, el registro más bajo de los últimos diez años y más de cinco puntos por debajo del nivel observado en 2023, cuando rondaba el 20%. La cifra refleja el impacto del ajuste fiscal aplicado en los dos primeros años de la actual gestión económica.
De acuerdo con un informe elaborado por Fundación Libertad, la reducción del gasto se concentró principalmente en la obra pública, que explicó un recorte de 1,24 puntos del PBI frente a 2023. También tuvieron un peso relevante la baja en prestaciones sociales distintas de jubilaciones y pensiones —como asignaciones familiares y otros programas— con una caída de 1,12 puntos, y la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, que aportó otro punto del producto.
A estos factores se sumaron los menores salarios del sector público, que retrocedieron 0,71% del PBI, y las transferencias a provincias y universidades, con una contracción cercana a los 0,7 puntos. En contraste, el gasto en jubilaciones y pensiones mostró un ajuste mucho más acotado, de apenas 0,13 puntos, aunque desde la fundación advirtieron que ese rubro se mantiene en niveles históricamente bajos en términos reales.
En paralelo, un análisis reciente de la consultora Analytica indicó que, si bien en 2024 el Gobierno moderó el ritmo del ajuste, se produjo un fuerte cambio en la asignación de recursos, con claros ganadores y perdedores. Entre las partidas que crecieron se destacaron las transferencias corrientes a provincias, impulsadas en gran parte por el cumplimiento de una medida cautelar favorable a la Ciudad de Buenos Aires, además de incrementos en bienes y servicios y en la Asignación Universal por Hijo.
En el extremo opuesto, volvió a sobresalir la contracción de la obra pública, con una caída cercana al 46%, asociada en gran medida a la finalización de grandes proyectos energéticos. También se registraron fuertes recortes en programas sociales, como Potenciar Trabajo, políticas alimentarias y becas Progresar, junto con una reducción significativa de los subsidios económicos, en un contexto de subas tarifarias en electricidad y transporte.
De cara a 2026, Analytica proyectó un nuevo ajuste real del gasto del orden del 9,2%, si se toma como referencia el Presupuesto vigente y una inflación promedio anual del 30%. Según el informe, el único rubro con crecimiento previsto sería la asistencia financiera a empresas públicas y otros entes vinculados al área energética.
