Cuba amplía la participación privada en sectores estratégicos de la economía
El Gobierno habilitó la intervención de empresas privadas en actividades como la distribución de combustibles, las energías renovables, los servicios farmacéuticos y determinadas operaciones mineras y petroleras, mientras mantiene bajo control estatal áreas centrales como la salud, la educación, la defensa y la industria tabacalera.
Cuba anunció una ampliación significativa de las actividades económicas habilitadas para el sector privado, como parte de un paquete de reformas orientado a aliviar la profunda crisis que atraviesa la isla. Las nuevas disposiciones incluyen la apertura de estaciones de servicio, farmacias, ópticas, residencias para adultos mayores, terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos y proyectos vinculados con las energías renovables.
La participación privada también podrá extenderse a determinadas operaciones petroleras y mineras, aunque bajo condiciones y regulaciones establecidas por el Estado. La medida se inscribe en el paquete de 176 disposiciones económicas aprobado por el Parlamento cubano el 18 de junio, mediante el cual se redujo de forma considerable la cantidad de actividades prohibidas para las pequeñas y medianas empresas.
A pesar de esta apertura, el Gobierno aclaró que la atención médica continuará siendo responsabilidad estatal y que se mantendrá la gratuidad de los servicios hospitalarios. La educación también permanecerá mayoritariamente en manos del sector público, aunque se habilitará la participación privada en actividades específicas como guarderías, enseñanza de idiomas y clases de apoyo.
La seguridad, la defensa y la industria del tabaco seguirán bajo control exclusivo del Estado. Al mismo tiempo, las autoridades anunciaron que acelerarán los procesos de autorización de pequeñas y medianas empresas, un esquema habilitado inicialmente en 2021 y que actualmente reúne a más de 15.000 emprendimientos en funcionamiento.
Según informó Página/12, las reformas representan un cambio relevante dentro de una economía históricamente organizada mediante un sistema de planificación centralizada. Las autoridades buscan aumentar la producción, ampliar la oferta de bienes y servicios y generar nuevas fuentes de empleo, sin abandonar el control público sobre los sectores considerados esenciales.
La apertura se produce en medio de una crisis caracterizada por la escasez de alimentos, medicamentos, agua potable y combustibles, además de reiterados cortes de electricidad. El Gobierno cubano atribuye buena parte de estas dificultades al endurecimiento de las sanciones aplicadas por Estados Unidos y al bloqueo petrolero impuesto durante la administración de Donald Trump.
El canciller Bruno Rodríguez acusó a Washington de intentar provocar un deterioro extremo de las condiciones de vida de la población para forzar una rendición política. Durante una intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, afirmó que Cuba defenderá su independencia, su sistema político y su soberanía frente a cualquier forma de presión externa.
Rodríguez sostuvo que el país tiene derecho a responder ante una eventual agresión militar, aunque reiteró la disposición del Gobierno cubano a mantener conversaciones con Estados Unidos. Señaló que cualquier diálogo deberá desarrollarse sobre bases de respeto mutuo y reconocimiento pleno de las prerrogativas soberanas de ambas naciones.
El presidente Miguel Díaz-Canel también cuestionó la política estadounidense y la calificó como una estrategia destinada a debilitar al país y apropiarse de sus recursos. El mandatario afirmó que Cuba no constituye una amenaza para Estados Unidos y advirtió que las sanciones económicas forman parte de una política más amplia de presión contra distintos países.
Con las nuevas medidas, el Gobierno cubano busca incorporar capital privado y mejorar la actividad productiva, al tiempo que conserva la conducción estatal de los principales servicios sociales y sectores estratégicos. La aplicación de las reformas marcará una nueva etapa en el proceso de adaptación del modelo económico cubano frente a la prolongada crisis interna y al aumento de las tensiones con Washington.
