Expertos de la ONU consideraron arbitraria la detención de Pedro Castillo en Perú

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas consideró arbitraria la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, y pidió al Estado peruano que disponga su liberación inmediata.

La decisión representa un respaldo internacional para el exmandatario, encarcelado desde el 7 de diciembre de 2022, luego de ser destituido por el Congreso tras anunciar en un mensaje televisado el cierre del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones legislativas.

Según informó Página/12, el organismo de expertos de la ONU también señaló que Castillo debe ser indemnizado por la detención arbitraria y reclamó una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades por la violación de sus derechos.

El informe sostiene que la detención del expresidente se realizó sin una base legal suficiente, sin una orden emitida por una autoridad judicial, sin que se le informaran adecuadamente los motivos de su arresto y sin respetar la inmunidad que tenía como jefe de Estado.

Además, el grupo de trabajo afirmó que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales, entre ellos la libertad personal, la presunción de inocencia, la igualdad ante los tribunales y el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente.

Para los expertos, estas irregularidades implican una violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La resolución llega más de tres años y medio después de la detención de Castillo. En noviembre de 2025, tras casi tres años de prisión preventiva, el expresidente fue condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para rebelión, en un juicio que él calificó como una “farsa”.

El Grupo de Trabajo de la ONU cuestionó también la independencia del tribunal que dictó la condena y señaló deficiencias en el respeto del debido proceso.

En su dictamen, el organismo pidió al Gobierno peruano adoptar medidas para reparar la situación “sin dilación”. Entre esas medidas, indicó que corresponde poner a Castillo en libertad de manera inmediata y garantizarle el derecho a recibir una indemnización y otras formas de reparación conforme al derecho internacional.

Los abogados argentinos Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto, encargados de la defensa internacional del expresidente, habían presentado en 2023 una denuncia ante Naciones Unidas. Allí plantearon que la destitución y posterior detención de Castillo fueron ilegales y arbitrarias, y reclamaron su liberación y restitución en el cargo.

Croxatto valoró la decisión del organismo, aunque consideró que llegó tarde. Sostuvo que la destitución fue jurídicamente nula y que, por ese motivo, Castillo no debía haber sido detenido ni sometido a un proceso penal.

El abogado también cuestionó los tiempos de la resolución. Señaló que el dictamen aparece cuando el mandato presidencial para el que Castillo fue elegido está próximo a concluir, el 28 de julio de 2026, por lo que ya no tendría un efecto político directo sobre una eventual restitución.

Castillo asumió la presidencia de Perú el 28 de julio de 2021, después de derrotar en segunda vuelta a Keiko Fujimori, con el respaldo de sectores de izquierda. Desde el inicio de su gestión enfrentó una fuerte oposición en el Congreso, dominado por fuerzas de derecha y ultraderecha.

El 7 de diciembre de 2022, en medio de una nueva ofensiva parlamentaria en su contra, Castillo anunció el cierre del Congreso sin contar con respaldo constitucional para esa medida. La decisión no obtuvo apoyo institucional ni político suficiente y, poco después, fue detenido por su propia escolta.

Ese mismo día, el Congreso lo destituyó en una sesión rápida y sin otorgarle derecho a la defensa. Según los cuestionamientos planteados por su defensa, la destitución requería una mayoría calificada de 104 votos, pero fue aprobada con 101.

Tras la salida de Castillo, Dina Boluarte asumió la presidencia. Su llegada al poder derivó en una ola de protestas, especialmente en el sur andino del país, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.

La represión dejó alrededor de medio centenar de muertos y profundizó la crisis política peruana, marcada desde entonces por fuertes cuestionamientos a la legitimidad del gobierno de Boluarte y al rol del Congreso.

El pronunciamiento de Naciones Unidas reabre el debate sobre la legalidad de la detención de Castillo, el procedimiento de su destitución y las garantías judiciales aplicadas durante el proceso.

Aunque el dictamen no implica por sí solo una restitución política, sí constituye un llamado internacional al Estado peruano para revisar la situación del expresidente y reparar las violaciones señaladas por los expertos.