El Gobierno elimina 58 normas económicas y profundiza su estrategia de desregulación
La medida alcanza programas de consumo, mecanismos de control de precios, regulaciones comerciales e instrumentos vinculados a importaciones. El Ejecutivo sostiene que busca simplificar el marco normativo y reducir la burocracia.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su programa de desregulación económica al eliminar 58 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, las importaciones y distintos programas de intervención estatal en la economía.
La decisión fue oficializada a través de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción y forma parte del proceso de revisión normativa impulsado por el Ministerio de Economía con el objetivo de simplificar regulaciones consideradas obsoletas o sin vigencia efectiva.
Según argumentó el Ejecutivo, muchas de las disposiciones derogadas habían sido creadas bajo marcos regulatorios que posteriormente fueron modificados o eliminados, por lo que actualmente habrían perdido aplicabilidad y sustento jurídico.
Entre las principales derogaciones se encuentran 22 normativas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), el mecanismo implementado para intervenir en la cadena de comercialización del trigo con el objetivo de contener precios internos.
También fueron eliminadas 30 disposiciones relacionadas con los programas Ahora 12 y Cuota Simple, instrumentos orientados a fomentar el consumo mediante financiamiento en cuotas para bienes y servicios.
La resolución alcanza además regulaciones asociadas al control de precios, requisitos de información comercial, procedimientos de autorización para determinadas importaciones y normativas complementarias de programas como Precios Cuidados.
Dentro del paquete también se incluyeron disposiciones que obligaban a instituciones educativas privadas a informar con anticipación modificaciones en sus aranceles, así como normas vinculadas a canales específicos de atención para adolescentes consumidores.
Desde el Gobierno señalaron que la acumulación de regulaciones a lo largo de los años generó superposiciones, contradicciones y dificultades para determinar qué normas permanecían efectivamente vigentes, provocando incertidumbre tanto para ciudadanos como para empresas.
La administración nacional sostiene que la simplificación regulatoria permitirá mejorar la seguridad jurídica, reducir costos administrativos y facilitar el desarrollo de actividades económicas mediante un esquema de menor intervención estatal.
La medida se complementa con el proyecto conocido como Ley Hojarasca, impulsado por el oficialismo y actualmente en tratamiento legislativo. La iniciativa propone eliminar o modificar más de 70 leyes consideradas obsoletas, redundantes o incompatibles con el marco normativo actual.
Entre los ejes centrales de ese proyecto se encuentran la derogación de normas vinculadas a organismos ya inexistentes, la eliminación de regulaciones superadas por avances tecnológicos, la reducción de estructuras administrativas consideradas innecesarias y la revisión de beneficios específicos otorgados a determinados sectores.
El Gobierno plantea que estas reformas apuntan a consolidar un marco legal más simple y previsible, basado en el principio de que las actividades económicas y sociales deben desarrollarse con la menor cantidad posible de restricciones estatales.
Mientras tanto, sectores opositores y organizaciones vinculadas al consumo observan con atención el alcance de las derogaciones, especialmente aquellas relacionadas con mecanismos de protección al consumidor y programas que durante los últimos años funcionaron como herramientas de estímulo al mercado interno.
La nueva resolución representa uno de los movimientos regulatorios más amplios de la actual gestión y profundiza la estrategia oficial de reducción de intervenciones estatales en distintos ámbitos de la actividad económica.
