Bolivia vive una escalada de tensión política y social mientras crecen los reclamos contra Rodrigo Paz
Miles de manifestantes llegaron a La Paz para exigir la renuncia del presidente boliviano en medio de una crisis económica que ya dejó muertos, detenidos y fuertes enfrentamientos con la policía.
Bolivia atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de las últimas décadas. Miles de manifestantes indígenas, campesinos, sindicalistas y seguidores del expresidente Evo Morales llegaron este lunes a la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en el marco de una huelga general y bloqueos de rutas que ya llevan casi dos semanas.
Las protestas se concentraron en los alrededores de la Plaza Murillo, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Parlamento boliviano. Allí, grupos de manifestantes intentaron avanzar hacia el centro político de la capital utilizando piedras y explosivos artesanales, mientras efectivos antidisturbios respondieron con gases lacrimógenos y operativos de dispersión que se extendieron durante varias horas.
La tensión dejó decenas de detenidos, heridos y escenas de fuerte violencia urbana. Según datos oficiales, al menos 95 personas fueron arrestadas durante los incidentes y un vehículo policial fue incendiado. Además, medios locales y redes sociales difundieron imágenes de un ciudadano argentino detenido mientras registraba la represión policial.
Las movilizaciones están encabezadas principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari, organizaciones que reclaman medidas urgentes frente a la grave crisis económica que afecta al país y cuestionan las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Paz apenas seis meses después de haber asumido la presidencia.
“Queremos que renuncie. Bolivia está viviendo un momento de caos”, expresó a medios internacionales Iván Alarcón, un dirigente campesino aimara que participó de la movilización en La Paz.
La situación económica aparece como el principal detonante del conflicto. Bolivia enfrenta la peor crisis financiera en más de cuatro décadas, marcada por la escasez de dólares, falta de combustibles, inflación creciente y dificultades de abastecimiento. El país agotó buena parte de sus reservas internacionales tras años de subsidios energéticos, que el gobierno decidió eliminar parcialmente en diciembre pasado.
La inflación interanual alcanzó el 14% en abril y el descontento social se profundizó especialmente en sectores populares y rurales, donde las protestas se combinaron con cortes de rutas que afectan el abastecimiento hacia La Paz y otras ciudades importantes.
En paralelo, una extensa columna de seguidores de Evo Morales llegó también a la capital boliviana luego de recorrer más de 180 kilómetros desde Caracollo, en el departamento de Oruro. Morales respaldó públicamente las protestas y acusó al gobierno de intentar criminalizar la movilización social.
El expresidente denunció además supuestas maniobras de intervención extranjera y afirmó que Estados Unidos busca apropiarse de los recursos naturales bolivianos, especialmente del litio, uno de los principales activos estratégicos del país.
El gobierno, por su parte, endureció su discurso frente a las movilizaciones. El vocero presidencial José Luis Gálvez aseguró que las autoridades identificaron grupos armados infiltrados en las protestas y vinculó parte de las acciones violentas a sectores radicalizados de los llamados “Ponchos Rojos”, una organización campesina aimara históricamente cercana al movimiento indígena boliviano.
La escalada también alcanzó al plano judicial. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó órdenes de detención contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y otros 24 dirigentes sociales, acusados de instigación pública, terrorismo y delitos vinculados a los bloqueos.
Desde la COB denunciaron una persecución política y afirmaron que las causas judiciales buscan desarticular las protestas. “No nos van a doblegar”, sostuvo Argollo antes de conocerse oficialmente la orden de captura.
El conflicto ya dejó al menos cuatro personas fallecidas desde el inicio de los bloqueos. Entre las víctimas aparecen manifestantes y civiles afectados por la imposibilidad de acceder a atención médica debido al corte de rutas y a las restricciones de circulación.
Mientras tanto, sectores empresariales y cívicos de Santa Cruz, principal motor económico boliviano, reclamaron al gobierno declarar un “estado de excepción sectorizado” en algunas regiones del país para recuperar el control de las rutas y contener la conflictividad.
La crisis representa el mayor desafío político para Rodrigo Paz desde su llegada al poder y reabre la histórica disputa entre el nuevo gobierno y los sectores vinculados al ciclo político liderado durante casi dos décadas por Evo Morales y el exmandatario Luis Arce.
