Crece la tensión en Bolivia por las marchas y bloqueos contra Rodrigo Paz
Sectores campesinos, indígenas y sindicales avanzan hacia La Paz para exigir la renuncia del presidente, mientras se profundiza el conflicto social y continúan los cortes de rutas.
Bolivia atraviesa una creciente escalada de tensión política y social luego de que organizaciones campesinas, indígenas y sindicales profundizaran las protestas y bloqueos contra el presidente Rodrigo Paz, en medio de una huelga indefinida que ya lleva dos semanas y mantiene aisladas distintas regiones del país. La movilización más importante avanza hacia la ciudad de La Paz con el objetivo de exigir la renuncia del mandatario y sumar presión sobre el Gobierno nacional.
Según informó Página 12, la denominada “Marcha por la Vida para salvar Bolivia” recorrió durante el fin de semana alrededor de 40 kilómetros desde la localidad de Calamarca hasta la ciudad de El Alto, en el altiplano boliviano. La protesta está integrada por sectores leales al expresidente Evo Morales y nuclea a organizaciones campesinas, obreras e indígenas que rechazan las medidas económicas impulsadas por el actual Gobierno.
El dirigente sindical Juan Yupari afirmó que la movilización buscará llegar “al kilómetro cero”, como se conoce a la Plaza Murillo de La Paz, sede del poder político boliviano. Allí esperan confluir con otras organizaciones sociales que ya sostienen protestas y bloqueos en distintos puntos estratégicos del país.
La marcha partió hace una semana desde la localidad de Caracollo, ubicada a casi 190 kilómetros al sur de La Paz, y pretende sumarse a las movilizaciones impulsadas por la Federación de Campesinos Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana y otros sectores sociales que mantienen medidas de fuerza desde los primeros días de mayo.
Mientras tanto, los bloqueos de rutas continúan afectando la circulación y el abastecimiento en buena parte del país. Durante el fin de semana, fuerzas policiales y militares realizaron operativos para intentar despejar algunos caminos estratégicos del altiplano boliviano, aunque las protestas resistieron el avance de las fuerzas de seguridad.
Los operativos dejaron al menos 47 personas detenidas y varios heridos, en un contexto marcado por denuncias cruzadas entre el Gobierno y las organizaciones sociales. Desde la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, el dirigente Vicente Salazar denunció la muerte de dos personas en los municipios de Ingavi y El Alto durante los procedimientos de desbloqueo, aunque las autoridades nacionales rechazaron esas acusaciones.
Entre los heridos se registraron lesiones faciales y oculares, mientras organismos de derechos humanos y entidades de prensa reportaron además agresiones contra periodistas y episodios de enfrentamientos entre manifestantes y vecinos en distintas zonas bloqueadas.
El defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, reclamó que tanto las protestas como la intervención estatal respeten criterios de legalidad y proporcionalidad, y volvió a pedir la apertura de una instancia de diálogo político para intentar desactivar el conflicto.
“Hemos exhortado de manera permanente e incansable al diálogo. Hoy, ante el escenario de crispación que vive el país, convocamos nuevamente a las partes a dialogar de manera sincera, profunda y humana”, expresó Callisaya en declaraciones difundidas por medios bolivianos.
Los cortes de rutas se concentran especialmente en las conexiones que unen La Paz con otras regiones estratégicas del país. Entre los puntos más afectados aparecen Río Seco, Achica Arriba, Viacha, Patacamaya, Desaguadero, Huarina y Curahuara de Carangas, además de otros accesos ubicados en el norte boliviano y la zona de los Yungas.
La prolongación del conflicto comenzó además a generar consecuencias económicas y sanitarias. El bloqueo del transporte de mercancías provocó escasez de alimentos, aumentos en los precios de productos básicos y problemas de abastecimiento de oxígeno medicinal en hospitales y centros de salud.
En paralelo, el conflicto boliviano comenzó a generar repercusiones regionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la situación como una “insurrección popular” y expresó la disposición de su Gobierno para colaborar en una salida negociada.
A través de redes sociales, Petro sostuvo que “Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz” y aseguró que Colombia está dispuesta a contribuir “si es invitada” a una resolución pacífica de la crisis política boliviana.
