Tras el traspié legislativo, el Gobierno reordena su agenda y posterga definiciones clave en el Congreso
Luego de las dificultades en Diputados con el Presupuesto 2026, el Ejecutivo revisa errores internos, redefine prioridades y apunta a concentrar esfuerzos en la reforma laboral durante el primer trimestre del próximo año.
El inicio de la nueva etapa legislativa obligó al Gobierno nacional a revisar su estrategia parlamentaria luego de las complicaciones registradas en la Cámara de Diputados durante el tratamiento del Presupuesto 2026. En la Casa Rosada reconocen que el resultado de la votación alteró el cronograma original y abrió un proceso interno de evaluación política y operativa, con impacto directo sobre el futuro inmediato de la reforma laboral.
La mesa política que rodea al presidente Javier Milei mantuvo reuniones de urgencia en las últimas horas para redefinir prioridades y analizar cómo avanzar en el Senado, con la intención de reincorporar los artículos vinculados a la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, considerados incompatibles con el objetivo de equilibrio fiscal. El encuentro se realizó mientras se desarrollaba una protesta de la CGT en Plaza de Mayo y contó con la participación de funcionarios clave del Ejecutivo y referentes parlamentarios del oficialismo.
Desde el entorno presidencial remarcan que, pese a la media sanción obtenida, el proyecto aprobado en Diputados presenta deficiencias sustantivas desde la perspectiva fiscal. En ese marco, no descartan introducir modificaciones en la Cámara Alta o incluso recurrir al veto si el texto final compromete el superávit. Según admiten en despachos oficiales, el foco ahora está puesto en destrabar el capítulo más conflictivo del Presupuesto antes de avanzar con iniciativas consideradas prioritarias, como la Ley de Inocencia Fiscal y la modernización del régimen laboral.
El revés legislativo dejó al descubierto tensiones internas y malestar entre socios parlamentarios, en particular dentro del PRO y entre algunos gobernadores aliados, que se distanciaron de la estrategia oficial para evitar costos políticos. En el oficialismo reconocen que la inclusión del capítulo más polémico en el Presupuesto fue una jugada de alto riesgo, que no logró el respaldo esperado y obligó a recalibrar la relación con las provincias.
Mientras tanto, el Gobierno decidió postergar el debate de la reforma laboral hasta febrero, con el objetivo de ganar tiempo para mejorar la redacción del proyecto y ampliar los consensos. La iniciativa, impulsada desde el área de Desregulación, sigue siendo considerada central para la gestión, aunque ahora será tratada en un contexto político más complejo y con mayor cautela legislativa.
Con una agenda reconfigurada y un clima de negociación más tenso, el oficialismo busca evitar nuevos tropiezos en el Congreso y fortalecer los vínculos con sus aliados, consciente de que los próximos meses serán determinantes para sostener el rumbo económico y político de la administración Milei.
