La CGT evalúa llevar la reforma laboral a los tribunales y anticipa cuestionamientos constitucionales
La central obrera analiza impugnar el proyecto oficial si se aprueba sin cambios y pone el foco en la reglamentación del derecho de huelga y otros artículos sensibles.
La Confederación General del Trabajo comenzó a delinear una estrategia jurídica para impugnar la reforma laboral impulsada por el Gobierno en caso de que el Congreso la convierta en ley sin modificaciones sustanciales. Así lo anticipó uno de sus cotitulares, Jorge Sola, quien advirtió que el proyecto presenta “violaciones a principios de carácter constitucional”.
En declaraciones radiales, el dirigente sindical sostuvo que la CGT intensificará el diálogo con senadores de distintos espacios políticos para intentar introducir cambios en los puntos que consideran perjudiciales para los trabajadores y para el funcionamiento del sistema sindical. No obstante, reconoció que, en paralelo, el equipo de abogados de la central ya inició un análisis exhaustivo del articulado para preparar una eventual presentación judicial.
El antecedente inmediato es la impugnación del DNU 70/2023, cuyo capítulo laboral fue declarado inconstitucional tras una acción de amparo promovida por la CGT. Ese mismo equipo jurídico trabaja ahora sobre la reforma laboral que impulsa el oficialismo.
Uno de los ejes centrales de la objeción sindical será el artículo que regula el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales y trascendentales. El texto fija niveles mínimos de prestación del servicio del 75% y 50%, respectivamente, en sectores como transporte, educación, salud, energía, telecomunicaciones y recolección de residuos. Desde la central obrera sostienen que esta regulación resulta más restrictiva que los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, y que ya fue cuestionada por la Justicia en el pasado.
Además de la cuestión vinculada a la huelga, la CGT analiza otros aspectos del proyecto que podrían derivar en conflictos judiciales, como la modificación del principio de ultraactividad de los convenios colectivos y la posible primacía de acuerdos por empresa sobre los convenios sectoriales o regionales.
Las críticas no se limitan al ámbito sindical. Especialistas en derecho laboral también señalaron posibles problemas de redacción y aplicación práctica. Entre ellos, el exministro de Trabajo Jorge Triaca, quien advirtió que algunos artículos podrían generar mayor litigiosidad por su falta de precisión y por el impacto que tendrían sobre más de 1.700 convenios colectivos actualmente vigentes.
Mientras el debate legislativo continúa, la CGT se prepara para un escenario de confrontación judicial y anticipa que, de no introducirse cambios, la reforma laboral volverá a dirimirse en los tribunales.
