El kirchnerismo impulsa una reforma laboral alternativa para confrontar el proyecto de Milei

 

El kirchnerismo presentará en el Congreso una propuesta de reforma laboral alternativa con el objetivo de contrarrestar el proyecto de “modernización laboral” enviado por el presidente Javier Milei. La iniciativa fue elaborada en el ámbito del Partido Justicialista, con participación activa de dirigentes sindicales de la CGT y la CTA, y cuenta con el respaldo político de Cristina Fernández de Kirchner. La estrategia apunta a instalar un debate de fondo sobre el modelo de trabajo y las condiciones laborales en la Argentina.

La coordinación del borrador estuvo a cargo de la Secretaría de Relaciones Laborales del PJ Nacional, encabezada por la diputada Vanesa Siley, en articulación con legisladores de Unión por la Patria en ambas cámaras, entre ellos Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti. La intención es avanzar de manera sincronizada en Diputados y el Senado para fijar una posición opositora unificada frente a la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Desde el kirchnerismo sostienen que la reforma impulsada por el Gobierno no generará empleo genuino y que, por el contrario, implicará una pérdida de derechos laborales. En ese marco, la propuesta alternativa se apoya en un diagnóstico crítico de la situación actual del mercado de trabajo, marcado —según sus impulsores— por salarios insuficientes, jornadas extensas y un deterioro creciente de la salud física y mental de los trabajadores. En documentos de trabajo difundidos en las últimas horas, se advierte que el aumento de la pluriactividad y la informalidad responde a la necesidad de compensar ingresos que no alcanzan para cubrir el costo de vida, un planteo que también viene siendo analizado en informes y coberturas recientes de medios nacionales como Infobae.

El proyecto se estructura sobre tres ejes principales: ingresos, tiempo de descanso y salud laboral. En materia salarial, propone restituir el carácter “vital y móvil” del salario mínimo, estableciendo que debe cubrir el valor de la Canasta Básica Total. Si bien no fija un monto específico, el texto señala la brecha existente entre el salario mínimo vigente y el costo real de vida. Además, defiende las paritarias libres, sin topes ni condicionamientos, y establece que el salario debe abonarse íntegramente en dinero, sin pagos en especie.

Otro punto central es la reducción de la jornada laboral. La iniciativa plantea pasar de las actuales 48 horas semanales a 42, con el objetivo de avanzar hacia las 40 horas en el mediano plazo. Desde el PJ argumentan que los avances tecnológicos y la digitalización permiten reorganizar el trabajo sin afectar la productividad y rechazan la posibilidad de jornadas extendidas mediante sistemas de “banco de horas”, como propone el oficialismo.

El proyecto también incorpora una ampliación significativa de las licencias por cuidados. En particular, propone extender la licencia por paternidad de los actuales dos días a 90 días, equiparándola a la licencia materna y financiándola a través de la ANSES, sin costos adicionales para los empleadores. Esta cobertura se extendería también a trabajadores monotributistas, bajo el argumento de universalizar los derechos vinculados al nacimiento y la crianza.

En materia de salud y seguridad laboral, la contrarreforma establece la obligatoriedad de crear Comités Mixtos de Seguridad e Higiene en empresas de más de 50 trabajadores, con participación sindical y empresarial, e incorpora de manera explícita la dimensión de la salud mental como parte de los riesgos laborales a prevenir.

Un capítulo específico está dedicado al trabajo en plataformas digitales. A diferencia del proyecto oficial, que define a los repartidores como trabajadores independientes, la propuesta del kirchnerismo impulsa la negociación colectiva por empresa, la prohibición de bloqueos arbitrarios, la garantía de instancias de defensa, la transparencia de los algoritmos y el derecho a la desconexión digital. También contempla condiciones mínimas de infraestructura, como espacios de descanso y sanitarios, y la portabilidad de los datos laborales.

El contrapunto con el proyecto del Gobierno es explícito. Desde Unión por la Patria cuestionan la creación del Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes patronales, al considerar que debilita el sistema de seguridad social y traslada costos al propio trabajador. Asimismo, rechazan las modificaciones al régimen sindical y a la negociación colectiva que impulsa el oficialismo, a las que califican como regresivas.

Con esta iniciativa, el kirchnerismo busca disputar no solo artículos concretos, sino el sentido general de la política laboral. Mientras el Gobierno plantea flexibilización y reducción de costos como vía para incentivar el empleo, la oposición propone un esquema centrado en el fortalecimiento del salario, la reducción del tiempo de trabajo y una regulación estatal activa frente a las nuevas formas de empleo. El debate promete convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda parlamentaria de los próximos meses.