El Gobierno advierte que el Presupuesto aprobado en Diputados pone en riesgo el déficit cero y evalúa vetarlo
En la Casa Rosada consideran que la eliminación de un capítulo clave obliga a administrar sin superávit fiscal. El oficialismo apunta a gobernadores que no acompañaron y analiza alternativas legislativas y un posible veto.
La media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un fuerte malestar en el Gobierno nacional, que sostiene que el texto aprobado no cumple con el objetivo central de sostener el déficit cero. En particular, en el Poder Ejecutivo cuestionan la exclusión del capítulo que derogaba leyes consideradas incompatibles con el equilibrio fiscal, como la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.
Desde la Casa Rosada aseguran que la versión que ahora debe tratar el Senado obliga al Presidente a gestionar un presupuesto sin superávit primario, un escenario que el oficialismo considera inaceptable desde el punto de vista político y económico. En ese marco, fuentes del Ejecutivo admitieron que el debate ya no es técnico, sino de fondo: sostener el superávit o retroceder hacia un esquema de mayor gasto estructural.
El rechazo a ese capítulo clave expuso tensiones con varios gobernadores. En el oficialismo apuntan especialmente a seis mandatarios provinciales cuyos legisladores no votaron como se esperaba, pese a las gestiones previas y a las transferencias recientes de Aportes del Tesoro Nacional. Entre los nombres mencionados aparecen gobernadores que hasta último momento mantenían diálogo fluido con el Gobierno nacional, según reconstrucciones del debate parlamentario que circularon durante la madrugada.
Ante este escenario, el Ejecutivo analiza distintas alternativas. Una de ellas es demorar el envío del proyecto al Senado para intentar reordenar la estrategia legislativa y priorizar otras iniciativas, como la reforma laboral. Otra posibilidad es promover cambios en la redacción para reintroducir el capítulo eliminado, aunque reconocen que hoy no cuentan con los votos necesarios para insistir. La opción que gana fuerza, en paralelo, es avanzar con el veto presidencial si el texto no se modifica.
En el Gobierno subrayan que las leyes que quedaron vigentes implican compromisos de gasto significativos. En privado, funcionarios del área económica advierten que solo la normativa vinculada a discapacidad representa varios puntos del Producto Bruto Interno, lo que tensiona el esquema fiscal que la administración libertaria busca consolidar. Por eso, remarcan que, hasta ahora, esas erogaciones no se ejecutaron al no contar con partidas presupuestarias específicas.
La votación en Diputados aprobó el Presupuesto en general, marcando un hecho inédito para La Libertad Avanza desde que asumió como primera minoría en la Cámara. Sin embargo, el revés en el artículo más sensible dejó al descubierto las dificultades del oficialismo para ordenar a los bloques dialoguistas y a sus aliados circunstanciales en temas clave.
Mientras tanto, en el equipo económico evalúan que, de no corregirse el rumbo legislativo, será necesario sostener nuevamente un esquema de administración presupuestaria discrecional, como ocurrió en los últimos dos años con la prórroga de presupuestos anteriores. En ese contexto, la discusión sobre el Presupuesto 2026 se proyecta como uno de los principales focos de conflicto político en el cierre del año parlamentario.
