El Ejecutivo volverá al Congreso con una propuesta para modificar la Ley de Salud Mental
Tras no lograr incorporarla en la Ley Bases, la Casa Rosada planea impulsar cambios durante las sesiones ordinarias. Buscan habilitar internaciones involuntarias con aval judicial en casos específicos.
El Gobierno nacional se prepara para retomar en 2026 el debate sobre la Ley de Salud Mental, con la intención de introducir modificaciones que no prosperaron durante el tratamiento de la Ley Bases. La iniciativa forma parte de la agenda legislativa que el presidente Javier Milei proyecta para el próximo período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo.
Según trascendió desde el Poder Ejecutivo, el nuevo proyecto buscará reformular aspectos centrales de la Ley N.º 26.657, en particular aquellos vinculados a las internaciones involuntarias. La propuesta apunta a que, en determinadas situaciones, los jueces puedan autorizar la hospitalización de pacientes cuando se considere necesario para su atención y para la seguridad de terceros, un reclamo sostenido por familiares, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad.
La normativa vigente, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, fue concebida bajo el principio de la desmanicomialización y la ampliación de derechos de las personas con padecimientos mentales. Sin embargo, con el paso del tiempo, distintos sectores advirtieron dificultades en su aplicación, principalmente por la falta de dispositivos intermedios y de herramientas para abordar casos de alta complejidad. En este contexto, desde el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, trabajan en una nueva redacción que contemple la creación de centros especializados y mecanismos de intervención más ágiles.
Fuentes oficiales indicaron que la intención es recuperar “instrumentos que funcionaban en el esquema anterior” y dar una respuesta normativa a situaciones críticas que hoy quedan en zonas grises. En análisis políticos difundidos por Infobae, se señala que el Ejecutivo evalúa anunciar formalmente el proyecto durante la apertura de sesiones del Congreso, como una de las apuestas legislativas del año próximo.
Entre los puntos que se analizan figuran la definición de supuestos concretos para la internación como recurso terapéutico excepcional, la intervención judicial ante emergencias, cambios en las condiciones de egreso y rehabilitación de pacientes, y una eventual modificación en la composición del Órgano de Revisión. Parte de estas propuestas ya habían sido incluidas en borradores anteriores, pero quedaron excluidas del texto final de la Ley Bases.
La iniciativa volvió a generar debate en el ámbito sanitario y entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre un posible retroceso en el enfoque de derechos. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que los cambios buscan equilibrar la protección de los pacientes con la necesidad de prevenir desenlaces graves, citando casos emblemáticos que expusieron las limitaciones del sistema actual.
En esa línea, también influyó el testimonio público de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier, quien reclamó en el Congreso mayores precisiones normativas y recursos para abordar episodios agudos vinculados a trastornos mentales y adicciones. Para el Ejecutivo, estas demandas refuerzan la decisión de insistir con una reforma que, anticipan, volverá a abrir una discusión profunda sobre el alcance y la implementación de la política de salud mental en la Argentina.
