Acuerdo Mercosur–UE: cautela del Gobierno ante las demoras europeas y debate interno por la ratificación

Tras casi 30 años de negociaciones, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea parecía encaminarse finalmente a su implementación luego de la firma realizada en Paraguay. Sin embargo, las objeciones surgidas en Europa reabrieron un escenario de incertidumbre que obliga al Gobierno argentino a moverse entre la preocupación y la prudencia política.

Durante su paso por el Foro Económico Mundial de Davos, la delegación argentina mantuvo conversaciones informales con representantes de distintos países europeos para interiorizarse sobre el clima político en el Viejo Continente. Si bien no hubo definiciones concretas, el tema fue recurrente en los encuentros y dejó en claro que el proceso podría extenderse más de lo previsto.

El presidente Javier Milei participó del foro con un discurso centrado en la defensa del libre mercado y el capitalismo, acompañado por su hermana y secretaria general Karina Milei, además de ministros clave del gabinete nacional. En paralelo a esa agenda, el futuro del acuerdo Mercosur–UE se coló en las conversaciones diplomáticas como una de las principales inquietudes.

Fuentes oficiales reconocieron que la situación genera inquietud, aunque mantienen la expectativa de que las diferencias internas en la Unión Europea puedan resolverse. Según señalaron en declaraciones recogidas por medios como Infobae, el Ejecutivo incluso evalúa avanzar para que la Argentina sea el primer país del bloque en aprobar el tratado a nivel local.

El freno se produjo luego de que el Parlamento Europeo decidiera remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para analizar su compatibilidad con los tratados comunitarios. Esta instancia judicial implica, en los hechos, una pausa en el cronograma y podría demorar la entrada en vigencia del pacto hasta dos años.

A pesar de ese contexto, el Gobierno incluyó el acuerdo en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso convocadas a partir del 2 de febrero. La iniciativa ingresaría por la Cámara de Diputados, aunque aún no fue enviada formalmente y existen dudas dentro del propio oficialismo sobre la conveniencia de debatirla sin una señal clara desde Europa.

“Si el Congreso aprueba algo que luego es rechazado por el Parlamento Europeo, se estaría avalando un acuerdo sin efecto práctico”, admiten en ámbitos legislativos, donde reconocen que todavía no hay una decisión definitiva sobre cómo avanzar.

Desde el punto de vista europeo, la Comisión optó por una estructura legal que permitiría una aplicación más rápida de los aspectos estrictamente comerciales, con el aval del Parlamento del bloque. En cambio, la ratificación del acuerdo de asociación completo requiere la aprobación de los parlamentos nacionales de cada Estado miembro, un camino más largo y complejo.

En la Cámara de Diputados, no obstante, el oficialismo asegura que el plan sigue en pie. La Libertad Avanza contaría con el respaldo del PRO y de otros bloques aliados para lograr la media sanción, mientras que sectores de la UCR y fuerzas de centro también expresaron su apoyo, destacando la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en un escenario global desafiante.

Del lado europeo, persisten las resistencias de algunos países, especialmente por el impacto del acuerdo en los sectores agrícola y ganadero. Aunque se incorporó una cláusula que podría limitar beneficios arancelarios para el Mercosur en esas áreas, el debate de fondo continúa abierto y mantiene en suspenso el futuro del tratado.