Chile reconoce jurídicamente a los detenidos desaparecidos de la dictadura y crea un registro oficial

El Congreso aprobó la ley que establece el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, una reparación simbólica largamente esperada. La norma será promulgada por el presidente Gabriel Boric y se suma al Plan Nacional de Búsqueda.

Chile reconoce jurídicamente a los detenidos desaparecidos de la dictadura y crea un registro oficial

 

El Congreso Nacional de Chile aprobó de manera definitiva el proyecto de ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, una medida de reparación simbólica que busca reconocer con una categoría jurídica propia a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973–1990).

De acuerdo con Página/12, la norma —que será promulgada por el presidente Gabriel Boric— constituye un hito histórico: por primera vez el Estado chileno contará con un registro oficial de las 1.469 personas víctimas de desaparición forzada. “A 52 años del golpe de Estado, recién hoy vamos a tener un registro oficial de las 1.469 personas que fueron víctimas de la desaparición forzada”, destacó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tras la votación, que obtuvo 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones.

El texto legal introduce la figura de “ausente por desaparición forzada”, que implica “el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad por obra de agentes del Estado” entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

El registro será administrado por el Servicio de Registro Civil e incluirá información personal de las víctimas —nombre, nacionalidad, edad, fecha y circunstancias de detención— con el fin de consolidar en un solo catastro los datos de las comisiones de verdad y de las sentencias judiciales que documentaron violaciones a los derechos humanos.

En la práctica, este reconocimiento simbólico permitirá que las familias no deban declarar la presunta muerte de sus seres queridos, un trámite que históricamente implicaba un doloroso reconocimiento legal de la pérdida.

La diputada comunista Lorena Pizarro, una de las impulsoras del proyecto, subrayó la relevancia política del avance: “Esto no solo se trata de recibir un certificado, esto se trata de que el Estado de Chile tiene personas vivas, muertas y ausentes por desaparición forzada”. Y apuntó con dureza al sector opositor: “La grandeza se impone a la bravuconería y la indecencia que llevamos viviendo semanas en este Congreso ante el negacionismo de la derecha, no solo de la extrema derecha. Sus palabras, de que ‘hacemos negocio’, de que ‘somos resentidos’, solo reflejan la mierda que son”.

Según datos oficiales, la dictadura chilena dejó más de 40 mil víctimas, entre ejecutados, desaparecidos, presos políticos y torturados. De ellas, 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada y 1.092 continúan sin ser encontradas.

La nueva ley complementa el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, implementado en noviembre de 2023 por el gobierno de Boric. Se trata del primer programa estatal de búsqueda y reparación integral, que también contempla medidas de memoria y no repetición.

A cinco meses del fin de su mandato, el desafío —según familiares y expertos— es garantizar la continuidad institucional del plan. “Estamos ad portas de un cambio de gobierno y no sabemos qué va a pasar con este plan. Vamos a insistir en que se cree un organismo especial de búsqueda, independiente y autónomo, aprobado por ley, con un marco institucional y un presupuesto que garantice su continuidad”, sostuvo Mónica Monsalves, presidenta de la Corporación Cerro Chena, en declaraciones a la agencia EFE.

Hasta ahora, se realizaron más de 100 diligencias en terreno en cementerios de al menos ocho regiones del país —incluidos Santiago, Copiapó, Iquique, Valdivia y Punta Arenas—, además de sitios emblemáticos como la Escuela de Suboficiales del Ejército, Colonia Dignidad y el propio Cerro Chena.

El coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, advirtió que el contexto electoral del país, en el que algunos candidatos reivindican el legado de la dictadura, “exige ajustes urgentes y estructurales” al plan de búsqueda. “Considerando estos posibles giros ideológicos, debemos asegurar la continuidad, independencia y efectividad del plan”, subrayó.

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