El Gobernador de Mendoza asistió al acto de apertura del año judicial

Al comienzo de su discurso, el Gobernador destacó que el servicio de Justicia es un factor clave para la cohesión social, para la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales, para la paz pública, para la calidad institucional y para la sostenibilidad, el desarrollo y el funcionamiento de la Provincia.

En este sentido, habló del trabajo que se realiza en la Provincia desde el comienzo de la emergencia sanitaria: “En Mendoza hemos mantenido un equilibrio razonable entre la gestión de la emergencia sanitaria y la apertura de la economía, por lo que el desafío nodal que tenemos en todo el ámbito público es agudizar la creatividad y la eficiencia para seguir desarrollando la calidad de los servicios en un marco de extrema austeridad. Aún quedan muchos días de combate contra la pandemia”.

El mandatario mendocino sostuvo que “repensar roles y prioridades es la única forma que tenemos de liderar los procesos de transición hacia una nueva modernidad de nuestro Estado y de nuestra sociedad”. Y añadió que “Mendoza tiene una extensa tradición en materia de adaptación e innovación, quizá forzados por los enormes desafíos que tenemos como habitantes del desierto”.

Al respecto, el Gobernador detalló: “Con el propósito de crear mecanismos facilitadores en el reconocimiento del valor de la diversidad para la búsqueda de consensos que alienten metas colectivas de mediano y largo plazo destinadas a la construcción de una economía más sana, una institucionalidad más sólida y una convivencia armónica donde las expectativas de progreso alcancen a toda la sociedad, es que hemos dado un paso trascendental al constituir el Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza, en el que naturalmente el poder público por el que ustedes intervienen tiene una representación calificada por su significado institucional que esperamos sea proactiva”.

Suarez remarcó: “También estamos impulsando una reforma institucional, que desde hace más de medio año tiene ingreso a la Legislatura. Una reforma absolutamente indispensable para la construcción de un nuevo Estado, más dinámico, con institutos acordes al devenir de los nuevos tiempos, mejores controles en el manejo de la cosa pública y la expresa exclusión de la reelección del gobernador, que parece haber sido la piedra angular de tanta demora para actualizar los contenidos de nuestra Constitución”.

En este sentido, el Gobernador destacó los principales puntos del proyecto: “Estamos proponiendo ir a un sistema unicameral que respete la representación poblacional y territorial, que avance en una reforma institucional que nos permita introducir a nuestra Carta la calidad democrática y participativa del régimen político; los derechos de segunda, tercera y cuarta generación y su tutela; los mecanismos de participación directa en la democracia representativa; el principio del equilibrio fiscal como deber del Estado y derecho colectivo de los mendocinos; el reconocimiento del derecho político al voto voluntario para los jóvenes de dieciséis años y el derecho de los miembros de la fuerza policial a votar; la consagración de la igualdad de oportunidades entre la mujer y el varón en el ámbito público y la obligación del Estado de promover en el ámbito privado la igualdad real de oportunidades entre ambos géneros; la eliminación de la elección intermedia del órgano legislativo y la ampliación del período ordinario de sesiones de la Legislatura; el régimen municipal autónomo y el establecimiento de principios rectores en materia de coparticipación municipal de impuestos”.

Además, Suarez destacó que “dentro de esas reformas, se proponen temas de trascendencia particular para el Poder Judicial, como lo atinente a que la resolución de las acciones de inconstitucionalidad y el conflicto entre poderes del Estado sea resuelta por el pleno de la Suprema Corte. También se propone debatir la creación, dentro de la Constitución, de una sección sobre órganos extrapoder en el que se considere la inclusión del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Asimismo, se pone a consideración el tope de edad jubilatoria para magistrados en 70 años”.

El mandatario señaló que “a quienes expresan no sentir simpatía con los términos de nuestro proyecto les quiero recordar que lo que estamos impulsando en el fondo es la apertura de un debate constituyente que no admite más demoras ni excusas. Un debate que se le debe a la sociedad y que no se puede remplazar con parches para cubrir especulaciones sectoriales de orden inferior. Un debate abierto en el que, de habitarse, se podrían contraponer todas las miradas para encontrar la mejor síntesis que vuelva a darle vigor a nuestra Constitución y con ello nuevo impulso a Mendoza. No tengo dudas de que negar una vez más la oportunidad del debate llevará consigo la vergüenza de ponerse lisa y llanamente de espalda a las necesidades de las mendocinas y los mendocinos”.

“La discusión sobre la constitucionalidad de este instituto confrontó dos concepciones de justicia bien diferenciadas: la que descree de la función punitiva del Estado, que, desde mi óptica, tiene como fin privilegiar a los delincuentes, y otra que pone de relieve el derecho de las víctimas, que hasta hace muy poco no eran tenidas en cuenta por el derecho penal”, subrayó Rodolfo Suarez. Y añadió: “Nos hemos expresado claramente a favor de las víctimas y buscaremos siempre que los delincuentes paguen por sus acciones con sanciones que guarden relación de equilibrio entre la gravedad del delito y la gravedad de la pena”.

El Gobernador celebró que “nuestra Suprema Corte de Justicia haya puesto fin a cualquier controversia futura sobre el asunto, determinando que la prisión perpetua prevista en el Código Penal argentino es constitucional, ya que no vulnera ningún precepto de nuestra Carta Magna ni viola tratados internacionales suscritos por la República Argentina”.

Al respecto, el mandatario mendocino destacó que “este fallo marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción porque deja un mensaje claro al recuperar para la sociedad, con suma celeridad, los bienes adquiridos fruto de maniobras ilícitas durante el ejercicio de la función pública”.

En este sentido, Suarez señaló que “sería oportuno que esos bienes puedan ser subastados para que, conforme ordena la ley, se destinen a reparar o construir nuevas escuelas en estos tiempos de tanta necesidad en la lucha contra la pobreza, consagrando el valor simbólico que significa que la Justicia, con el uso de la ley, es capaz de transformar a la miserable condición de la corrupción por el esperanzador camino de la educación”.