Presupuesto 2024: el Gobierno ultima proyecto sin déficit que enviará el viernes al Congreso

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El Gobierno presentará ante el Congreso este viernes el proyecto de Presupuesto 2024, el cual según anticipó hace un mes el ministro de Economía, Sergio Massa, tendrá como premisa el “déficit cero” y el recorte de lo que se denomina “gasto fiscal” para lograrlo, es decir, reducir o eliminar exenciones o reducciones en el pago de impuestos establecidas por leyes o por programas de incentivos a algunas actividades económicas.

Aunque el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea que 2023 tiene que finalizar con un rojo primario de 1,9% del PBI, todos los analistas prevén que la meta no se va a poder alcanzar, y que el número en realidad podría ser este año de entre el 2,4% y el 2,5%.

Hacia delante, un informe del Iaraf estima que los ingresos totales de 2024, con la actual estructura tributaria y una actividad económica similar a la de 2022, ascenderían a $29,35 billones, equivalentes al 17,6% del PBI. El gasto primario proyectado sería de $32 billones o 19,2% del PBI. Por lo tanto, el déficit primario proyectado sería $2,6 billones (1,6% del PBI). Los intereses de la deuda sumarían otros $3,5 billones, estima el IARAF, por lo que el déficit fiscal sería de $6,16 billones (3,7% del PBI).

El reporte considera, por el lado de los gastos, que se mantiene el mismo esquema de recortes que viene llevando a cabo el Ministerio de Economía desde que Sergio Massa tomó el control de la cartera. Por el lado de los ingresos, se propone la hipótesis anticipada por el Palacio de Hacienda de ir por el recorte de los beneficios que gozan algunos sectores que no tributan en el mismo nivel que el resto de la sociedad. Es lo que se denomina “gasto tributario”, que consiste en exenciones de impuestos ya sea determinados por la ley o por programas de fomento a algunos sectores. El estudio del IARAF indica que la Nación deja de cobrar recursos por $6,2 billones al año por esta vía.

La duda pasa por anticipar por dónde pasará la tijera, teniendo en cuenta que el Gobierno plantea quitar beneficios sólo a grandes empresas.

Según el detalle que brinda el IARAF, por el IVA, el gobierno nacional y las provincias (ya que es coparticipable) dejan de percibir $1,47 billones. Esto incluye alimentos, prestaciones médicas, construcción de viviendas, servicios educativos y otros. Por el Impuesto a las Ganancias, los jueces no tributan por año $258.697 millones; las fundaciones y asociaciones, $113.177 millones; y los trabajadores de la Patagonia, $64.673 millones. Por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles, que también es coparticipable, el sur del país se beneficia con $371.868 millones, en tanto que la reducción de contribuciones patronales por zona geográficas implica para la Nación resignar recursos $646.627 millones (no se comparte con las provincias). Por otro lado, la exención de depósitos de Bienes Personales cuestan $323.363 millones.

Los regímenes de promoción industrial y de actividades le cuestan al Estado nacional y las provincias un total de $1,45 billones, entre los cuales figuran la industria electrónica de Tierra del Fuego, la minería y el beneficio para micropymes que permite computar el 100% del impuesto al cheque a cuentas de contribuciones patronales. Otros beneficios implican $776.072 millones de exenciones de Bienes Personales de inmuebles rurales; $436.540 millones por diferimiento de IVA de pymes y $307.795 de reducción de contribuciones patronales derivadas de la reforma fiscal de 2017.El informe plantea que todo lo que no se pueda eliminar de gasto tributario, exige al próximo gobierno un mayor nivel de ajuste del gasto.