Macri y otra decena de funcionarios, entre ellos los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, habían sido procesados por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas, pero esa decisión fue revertida el año pasado por la Cámara Federal porteña. Todos los funcionarios fueron sobreseídos, pero las querellas apelaron la medida y este miércoles comparecieron ante los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, integrantes del máximo tribunal penal.
La querella representada por la abogada Valeria Carreras -quien subió a redes sociales un video alusivo a la causa- desmintió el argumento del fallo de la Cámara sobre “medidas de seguridad” para el ex presidente Macri ante la eventualidad de situaciones de peligro por parte de los familiares de las víctimas. “Las viudas no representaban ningún peligro para el ex presidente”, enfatizó.
Por su parte, Luis Tagliapietra, abogado de otra querella y padre de uno de los 44 fallecidos, remarcó que hubo “un plan sistemático de espionaje” sobre los familiares que buscaban saber qué había ocurrido con sus seres queridos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a través de su titular, Paula Litvachky, cuestionó la aprobación judicial de la invasión a la privacidad de los familiares, so pretexto de garantizar la seguridad de Macri. El CELS no es parte de la causa, pero fue escuchado como “amicus curiae” (amigos del tribunal).
Las defensas no asistieron a la audiencia de manera presencial, pero presentaron “breves notas” con argumentos en favor de la confirmación de todos los sobreseimientos. El fiscal general Raúl Pleé tampoco estuvo en la audiencia, pero remitió un dictamen en el que recomendó la nulidad de los sobreseimientos.
El tribunal anunció que se tomará el tiempo procesal contemplado en la ley para emitir un fallo y lo comunicará mediante cédulas electrónicas a todas las partes.
