El Senado retoma el debate de la ley de propiedad privada sin el capítulo de tierras
La Cámara alta buscará avanzar con modificaciones sobre expropiaciones, desalojos y manejo de superficies incendiadas. El oficialismo desistió del apartado que habilitaba cambios en la venta de tierras a extranjeros.
El Senado retomará desde las 14 la sesión que había pasado a cuarto intermedio en julio para continuar el tratamiento del proyecto de ley de propiedad privada. El debate se realizará después de que el oficialismo retirara por completo el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros, uno de los puntos que había generado mayores cuestionamientos.
La sesión será conducida por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, debido a que Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei. Además del contenido del proyecto, se prevé una discusión reglamentaria por la posibilidad de permitir la participación virtual de dos senadores.
Según informó Infobae, el oficialismo encabezado por Patricia Bullrich enfrenta críticas de sectores opositores y bloques dialoguistas por la decisión de Villarruel de habilitar esa modalidad. La validez de la participación remota deberá ser ratificada por el pleno del Senado.
Uno de los principales capítulos que continúa en discusión es el referido a las expropiaciones. El texto establece que solo podrán alcanzar bienes necesarios o convenientes para satisfacer una finalidad de utilidad pública, que deberá encontrarse identificada de manera concreta y ser interpretada con criterios restrictivos.
La propuesta determina que la expropiación deberá resultar idónea, necesaria y proporcional al objetivo perseguido. La indemnización contemplará el valor objetivo del bien, calculado sobre su precio de mercado, y los daños que sean una consecuencia directa de la medida.
El proyecto excluye del cálculo los valores afectivos, las circunstancias personales, las ganancias hipotéticas y el aumento de precio que pudiera generar la propia obra que motivó la expropiación. También contempla el reconocimiento del lucro cesante cuando esté acreditado mediante pruebas suficientes.
En ese caso, la compensación no podrá superar el 30% del valor correspondiente al daño emergente, salvo que el propietario demuestre una afectación mayor. El texto también prevé beneficios para ocupantes que acrediten una posesión lícita, pacífica y continua durante al menos diez años sobre una vivienda única y permanente.
Otro apartado introduce modificaciones en los procesos de desalojo. En los alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda antes de iniciar una demanda judicial.
La notificación podrá enviarse al domicilio físico o electrónico declarado en el contrato y se considerará válida incluso cuando el locatario se niegue a recibirla o su entrega resulte imposible por causas atribuibles a esa persona.
Una vez vencido el plazo o finalizado el contrato, el inquilino deberá devolver el inmueble. En caso de incumplimiento, el propietario podrá iniciar una acción de desalojo mediante el procedimiento judicial más breve previsto por la legislación correspondiente.
El Senado también discutirá cambios en la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa mantiene la prohibición de modificar el uso y el destino de los bosques nativos afectados por incendios, pero elimina los plazos de hasta 60 años establecidos durante la gestión de Alberto Fernández.
Además, propone derogar el artículo que actualmente impide durante 30 años desarrollar emprendimientos inmobiliarios o cambiar la actividad productiva en zonas agropecuarias, pastizales y matorrales incendiados.
La eliminación de esas restricciones genera uno de los puntos más sensibles del debate, debido a las advertencias sobre la posibilidad de que los incendios sean utilizados para modificar el uso de determinadas tierras. El oficialismo sostiene que las normas vigentes imponen limitaciones excesivas al derecho de propiedad.
Tras la caída del capítulo sobre tierras rurales, la aprobación del proyecto dependerá de los acuerdos que el Gobierno pueda alcanzar con los bloques provinciales y dialoguistas. Las expropiaciones, los desalojos y la protección de las superficies incendiadas concentrarán buena parte de la discusión en el recinto.
