El Gobierno lanzó la licitación nacional e internacional para privatizar AySA
La operación contempla la venta del 90% de las acciones estatales y la búsqueda de un operador estratégico para el servicio de agua y saneamiento.
El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante el lanzamiento de una licitación pública nacional e internacional destinada a transferir la participación accionaria que actualmente posee el Estado. La medida fue establecida a través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía y representa uno de los movimientos más importantes dentro del esquema de privatizaciones impulsado por la gestión de Javier Milei.
Según informó Ámbito, el proceso contempla la venta del 90% del paquete accionario en manos del Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará perteneciendo a los trabajadores de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada. La resolución fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien en los últimos días ya había anticipado públicamente la decisión de avanzar con el proceso licitatorio.
El esquema elegido por el Ejecutivo prevé una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple orientada a seleccionar un “operador estratégico” que asuma el control de la empresa. Toda la documentación vinculada al proceso, incluidos los pliegos y condiciones, estará disponible a través de la plataforma estatal CONTRAT.AR. Además, la convocatoria deberá publicarse durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y también en el portal internacional DGMARKET del Banco Mundial, además de los sitios oficiales del Ministerio de Economía y de la propia empresa.
El cronograma oficial establece un plazo mínimo de 45 días corridos entre la publicación de la convocatoria y el vencimiento para la presentación de ofertas. De acuerdo con las fechas difundidas, las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026, mientras que las propuestas deberán presentarse antes del 27 de agosto a las 9:59. Ese mismo día se llevará adelante la apertura electrónica de sobres mediante un acto público digital.
La decisión se enmarca dentro de las facultades otorgadas por la Ley 27.742 y el Decreto 494/2025, normativa que declaró a AySA “sujeta a privatización”. En los fundamentos de la resolución, el Gobierno sostuvo que el objetivo no es únicamente transferir la propiedad accionaria de la compañía, sino avanzar en una “transformación de importancia refundacional” del sistema de agua potable y saneamiento.
El modelo diseñado por el Ejecutivo contempla una primera etapa en la que se venderá al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública, mientras que posteriormente el remanente accionario podría colocarse en los mercados bursátiles locales. La normativa también establece la creación de una comisión evaluadora específica encargada de analizar las ofertas que se presenten durante el proceso. A su vez, tanto la Secretaría de Obras Públicas como la Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedaron habilitadas para solicitar asistencia técnica y operativa a AySA y al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) durante el desarrollo de la operación.
Uno de los aspectos centrales de esta etapa será la definición del contrato que regulará la futura operación privada del servicio. En ese marco, el debate se concentra especialmente en el esquema tarifario, las obligaciones de inversión y el alcance del nuevo marco regulatorio. Desde el Gobierno sostienen que el ingreso de capital privado permitirá mejorar la eficiencia operativa, acelerar inversiones en infraestructura y ampliar la capacidad del sistema, mientras que distintos sectores políticos y sociales advierten sobre los posibles impactos tarifarios y sobre el riesgo de trasladar la lógica de rentabilidad privada a un servicio considerado esencial.
El esquema oficial también contempla compromisos vinculados a expansión de redes, mejoras operativas y financiamiento del servicio, aspectos que aparecen como determinantes para definir el atractivo de la licitación y el perfil de los posibles interesados. En paralelo, la iniciativa vuelve a instalar una discusión histórica en Argentina acerca del rol del Estado en la administración de servicios públicos estratégicos y sobre el equilibrio entre sustentabilidad económica, inversión y acceso universal al agua potable.
