El Gobierno debatirá fondos universitarios tras la marcha

 

En la previa de una nueva marcha federal universitaria, el Gobierno nacional confirmó que abrirá una instancia de diálogo con autoridades académicas para discutir la distribución de fondos destinados a hospitales universitarios y avanzar en mecanismos de mayor transparencia sobre el financiamiento de las universidades públicas. La decisión fue anticipada por funcionarios del Ministerio de Capital Humano, que defendieron la política oficial sobre educación superior y rechazaron las acusaciones de desfinanciamiento del sistema.

La ministra Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señalaron que el Ejecutivo planea crear una comisión integrada por rectores de universidades que cuentan con hospitales educativos para definir nuevos criterios de asignación de recursos. Según explicaron, el objetivo es reemplazar mecanismos que históricamente funcionaron mediante transferencias discrecionales y acuerdos políticos, avanzando hacia parámetros “objetivos y transparentes”.

Desde el oficialismo remarcaron que durante abril se enviaron más de 150 millones de pesos para el funcionamiento de hospitales universitarios, aunque no se transfirieron partidas extraordinarias adicionales. En ese contexto, el Gobierno sostuvo que la futura comisión buscará consensuar con las universidades cómo distribuir esos fondos complementarios y bajo qué criterios técnicos hacerlo.

Las autoridades nacionales también ratificaron que trabajan en la creación de una plataforma digital pública para que cualquier persona pueda consultar el destino de los recursos asignados a cada universidad. En ese sentido, Álvarez cuestionó el funcionamiento histórico del sistema de información administrado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y sostuvo que durante años existieron dificultades para acceder a datos completos sobre gastos, costos por alumno y rendimiento académico.

Durante la conferencia, el Gobierno volvió además a cuestionar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Según Álvarez, la norma presenta inconsistencias jurídicas y presupuestarias porque establece gastos sin indicar fuentes concretas de financiamiento. El funcionario aseguró además que el incremento salarial previsto en el proyecto implicaría un gasto que actualmente el Estado “no está en condiciones económicas de afrontar”.

El oficialismo también puso el foco sobre la situación de estudiantes extranjeros en universidades públicas. Álvarez cuestionó que las instituciones aún no hayan implementado mecanismos de cobro para alumnos no argentinos o no residentes, pese a la habilitación normativa vigente. Según datos oficiales difundidos por el Ejecutivo, actualmente existen cerca de 1,98 millones de estudiantes universitarios en el país, aunque menos de la mitad mantiene condición regular aprobando dos o más materias por año.

En paralelo, el Gobierno insistió en que no busca avanzar contra la universidad pública, sino transparentar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia del gasto estatal. Pettovello sostuvo que el sistema universitario debe garantizar acceso a información clara sobre el destino de los fondos públicos y consideró necesario que la ciudadanía conozca “la inversión que se hace en cada alumno”.

La conformación de la comisión con rectores y las reuniones para discutir el financiamiento de hospitales universitarios se concretarían una vez finalizada la movilización convocada por sectores estudiantiles, docentes y sindicales en defensa del presupuesto universitario. Según indicaron desde el Ministerio, la intención es abrir una nueva etapa de negociación luego de la protesta. Según reconstruyó Infobae en base a declaraciones de funcionarios de Capital Humano, el Ejecutivo considera que parte del conflicto universitario actual también está atravesado por disputas políticas y por el debate sobre el control y la administración de los recursos públicos.