El Senado debatió la ley de propiedad privada con avales parciales, alertas ambientales y un cruce por la extranjerización de tierras

La segunda ronda de expositores dejó guiños constitucionales al proyecto libertario pero también advertencias sobre el manejo del fuego, los barrios populares y el avance de capitales extranjeros sobre tierras rurales. El kirchnerismo llevó como invitado al exdiputado Santiago Igon, que terminó en un papelón.

El Senado debatió la ley de propiedad privada con avales parciales, alertas ambientales y un cruce por la extranjerización de tierras

 

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado completó este martes su segunda ronda de expositores para el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno, según informó Infobae. La iniciativa, defendida la semana pasada por el ministro Federico Sturzenegger, modifica normas sobre expropiaciones, barrios populares, tierras rurales, manejo del fuego y desalojos, y generó un debate que combinó apoyos técnicos parciales con advertencias sustantivas.

El momento más llamativo de la jornada lo protagonizó el kirchnerismo, que llevó como invitado al exdiputado Santiago Igon para cuestionar el proyecto. El ejercicio duró poco: la senadora Edith Terenzi, de Chubut, lo interrumpió para recordarle delante de todo el plenario que fue un vacunado vip durante los primeros días de la pandemia. El episodio terminó siendo un papelón para el bloque opositor.

Más sustancioso fue el aporte de Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras del CONICET, quien advirtió sobre el riesgo de extranjerización que habilita el proyecto. “Son 13 millones de hectáreas, el equivalente a la provincia de Santa Fe, y se va a acelerar”, señaló, aclarando que los datos son oficiales y de acceso público. También alertó sobre la presencia de capitales radicados en paraísos fiscales como Luxemburgo o Andorra, que en Argentina tienen mayor volumen que en sus países de origen, y vinculó la concentración de tierras fronterizas con problemas de contrabando, tráfico ilegal y narcotráfico.

Los constitucionalistas Daniel Sabsay y Mariano Marcucci aportaron una mirada más técnica y menos política. Sabsay valoró el llamado a exponer que le hizo Patricia Bullrich —”un gesto que debería ser menor y habitual pero que no se veía hace tiempo en el Senado”— y mostró un “semáforo” del articulado por capítulo. Reconoció que no encontraba “mayores inconvenientes” en el capítulo de tierras rurales, aunque advirtió que “hay que ver cómo se va a reglamentar”. Se mostró “muy de acuerdo” con agilizar los desalojos de quienes tomaron tierras de manera violenta, pero subrayó la necesidad de respetar el debido proceso. Sus dos “áreas críticas”: el registro socio urbano —los barrios populares— y la ley de manejo del fuego, que a su juicio “debería ser revisada”. Sugirió además que el proyecto debería acompañarse de una política de vivienda complementaria.

La mayor tensión la generó la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, quien defendió la ley de manejo del fuego vigente al sostener que su objetivo es desincentivar los incendios para el cambio de uso del suelo, no restringir la producción. Bullrich le respondió con dureza, en referencia a la condena de Cristina Kirchner: “Ningún derecho va a ser respetado porque no respetan el primer derecho básico, que es la aceptación del máximo tribunal de nuestro país”.

El debate también dejó un cruce interno en el oficialismo. La senadora Nadia Márquez, titular de la comisión de Legislación General, tomó el control del plenario en varios momentos ante el distraído Agustín Coto, presidente de Asuntos Constitucionales, lo que derivó en una tensa interrupción entre ambos.

El jefe de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi, cerró con una reflexión que apuntó en varias direcciones: recordó que en los incendios de Corrientes los recursos del fondo fiduciario para manejo del fuego “nunca aparecieron” durante el gobierno anterior, y advirtió sobre la necesidad de definir el origen de los fondos para los barrios populares si las decisiones se trasladan a provincias y municipios. “Sobre un buen proyecto se hacen cosas malas. Después, se vota a una persona que viene a romper todo”, sentenció.

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