El Senado avanzará con la reforma laboral que refuerza la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
El proyecto obliga a los jueces laborales a seguir la jurisprudencia del máximo tribunal y habilita sanciones por apartamiento injustificado. También avanza el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires.
El Senado se encamina a aprobar la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en Diputados y que incorpora cambios estructurales en el funcionamiento del fuero laboral. Uno de los puntos centrales es el artículo 89, que establece la obligación expresa de los jueces laborales de adecuar sus decisiones a los precedentes fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La iniciativa, impulsada por el oficialismo y defendida por la senadora Patricia Bullrich, modifica el artículo 124 de la Ley 18.345 y fija por primera vez en una norma legal la obligatoriedad de seguir la jurisprudencia del máximo tribunal en materia laboral. El artículo 90 complementa esta disposición al advertir que el apartamiento infundado de los precedentes podrá constituir causal de mal desempeño.
Desde el Gobierno sostienen que la medida busca ordenar el sistema de litigiosidad laboral y reducir la dispersión de criterios entre tribunales inferiores. Especialistas consultados señalan que la Corte ya había establecido en su propia doctrina la necesidad de respetar sus fallos, por lo que el nuevo texto vendría a consolidar en una ley lo que en la práctica ya operaba como criterio mayoritario.
El debate también se vincula con el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acuerdo firmado entre el Ejecutivo nacional y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. La reforma legitima ese proceso de transferencia institucional, que incluye la creación de una nueva Cámara de Apelaciones especializada y juzgados de primera instancia en el ámbito porteño.
El artículo 91 del proyecto valida el acuerdo de transferencia y prevé el traspaso progresivo de recursos materiales y financieros. El cambio tiene implicancias en la estructura del Consejo de la Magistratura y en el equilibrio interno del fuero laboral, históricamente influido por sectores vinculados al sindicalismo peronista.
En paralelo, la reforma introduce modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones por despido, excluyendo determinados conceptos y habilitando el pago en cuotas. Según especialistas, la norma se aplicará a todas las relaciones laborales vigentes, en la medida en que la legislación laboral rige conforme a la ley vigente al momento del despido y no a la fecha de contratación.
El oficialismo argumenta que el nuevo esquema contribuirá a disminuir la litigiosidad y brindar mayor previsibilidad jurídica a empleadores y trabajadores. La oposición, en cambio, cuestiona el alcance temporal y advierte sobre eventuales presentaciones judiciales una vez que la ley sea promulgada.
