El Estado se retira como querellante en la causa judicial por el acuerdo con el FMI de 2018

El Gobierno nacional resolvió que la Procuración del Tesoro de la Nación deje de actuar como querellante en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades vinculadas al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante 2018. La decisión se formalizó a través del Decreto 87/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y deja sin efecto una participación que se había iniciado hace casi cinco años.

El expediente en cuestión es la causa N.º 3561/2019, en la que fueron denunciados el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el actual titular del Palacio de Hacienda Luis Caputo, el exjefe de Gabinete Marcos Peña y el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios, por supuestos delitos de defraudación contra la administración pública.

Con esta medida, quedó derogado el decreto de 2021 que había habilitado a la Procuración a representar al Estado Nacional como querellante particular. Según se explicó oficialmente, el retiro del organismo se apoya en resoluciones judiciales que consideraron que los hechos investigados no encuadran en el ámbito penal y que las decisiones cuestionadas formaron parte del ejercicio de facultades discrecionales del Poder Ejecutivo en materia de política económica. En ese marco, fuentes judiciales y del Ejecutivo coincidieron en que la participación del organismo resultaba excepcional y que el rol central debía recaer en el Ministerio Público Fiscal, que cuenta con mayor especialización técnica en este tipo de causas complejas, como ya había sido señalado en distintas instancias del proceso (según reconstrucciones publicadas por Infobae).

La jueza interviniente había dispuesto el archivo del expediente al considerar que no existían fundamentos suficientes para sostener la acusación, especialmente en relación con la carta de intención enviada al FMI en el marco del acuerdo stand-by por un monto total de 50.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 15.000 millones. En sus argumentos, sostuvo que los eventuales efectos macroeconómicos de esas decisiones no podían ser revisados desde el derecho penal.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la salida de la Procuración del Tesoro apunta a un uso más eficiente de los recursos públicos y a evitar superposiciones de funciones entre organismos del Estado. Además, subrayaron que la continuidad de la investigación, en caso de corresponder, queda plenamente en manos del Ministerio Público Fiscal, sin que ello implique interferencias de carácter político.

La decisión se suma a otros antecedentes recientes en los que la Justicia Federal archivó causas vinculadas a la gestión económica del período 2016–2019, entre ellas una investigación por presunta fuga de capitales, que también había sido anexada al expediente por el acuerdo con el FMI y que finalmente fue desestimada por falta de elementos concretos que acreditaran la comisión de delitos.