España habilita una regularización excepcional que podría alcanzar a medio millón de migrantes

 

El Ejecutivo español aprobó una regularización extraordinaria destinada a personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular, una decisión que podría beneficiar a cerca de 500.000 residentes, en su mayoría provenientes de América Latina. La iniciativa fue validada en el Consejo de Ministros y se enmarca en una política migratoria que el Gobierno define como orientada a los derechos humanos, la inclusión social y el fortalecimiento del mercado de trabajo.

El nuevo régimen permitirá acceder a un permiso de residencia y trabajo a quienes acrediten al menos cinco meses de permanencia en el país previos al 31 de diciembre de 2025 y no registren antecedentes penales. Según precisó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el proceso administrativo se abrirá en abril y se extenderá hasta fines de junio, habilitando la inserción laboral en cualquier sector y punto del territorio.

Desde el Ejecutivo calificaron la decisión como un paso clave para mejorar las condiciones de vida de miles de personas que ya desarrollan actividades económicas en el país, muchas veces en condiciones de informalidad. En ese sentido, fuentes gubernamentales remarcaron que se trata de un modelo migratorio “legal, seguro y ordenado”, aunque con un enfoque claramente integrador, en contraste con el endurecimiento de políticas migratorias observado en otros países europeos, según consignó un medio nacional argentino especializado en política internacional.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respaldó públicamente la medida y subrayó el aporte de la migración al desempeño económico reciente. De acuerdo con datos oficiales citados por el mandatario, una parte sustancial del crecimiento registrado en los últimos años y de los ingresos al sistema de seguridad social está vinculada al trabajo de personas migrantes, en un contexto en el que el desempleo se ubicó por debajo del 10% hacia finales de 2025.

España cuenta actualmente con una población cercana a los 49,4 millones de habitantes, de los cuales más de siete millones son extranjeros. Distintos estudios estiman que alrededor de 840.000 personas viven en situación irregular, en un escenario marcado por el envejecimiento demográfico y una sostenida caída de los nacimientos, variables que el Gobierno considera centrales al momento de diseñar su política migratoria.

La regularización fue instrumentada mediante un real decreto, mecanismo que no requiere aprobación parlamentaria, y se alcanzó tras negociaciones con fuerzas aliadas y una prolongada presión social. Organizaciones sindicales, sociales y religiosas celebraron la medida, mientras que sectores opositores anunciaron cuestionamientos políticos y judiciales, anticipando un debate que continuará en los próximos meses.