Febrero tenso: movimientos sociales y la izquierda preparan marchas contra la reforma laboral de Milei

 

Los movimientos sociales y organizaciones piqueteras de izquierda definieron un plan de movilización para febrero, con epicentro en el Congreso Nacional, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La protesta principal está prevista para la jornada en que el Senado debata la iniciativa, a la que califican como un retroceso en materia de derechos laborales y sindicales.

La convocatoria estará encabezada por las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a agrupaciones piqueteras y partidos de izquierda. Desde estos espacios sostienen que, pese a algunos cambios introducidos por el Ejecutivo, el proyecto mantiene su “núcleo duro”, que —afirman— promueve mayor precarización del empleo y debilita la protección de trabajadores formales e informales.

El escenario se tensó luego de que el Presidente dispusiera un nuevo período de sesiones extraordinarias del Congreso para febrero, con la reforma laboral como uno de los ejes centrales de la agenda oficial. El cronograma prevé que el proyecto llegue al recinto del Senado a mediados de mes, lo que llevó a las organizaciones sociales a hablar de un “febrero caliente”, marcado por la protesta en las calles y la disputa parlamentaria.

En paralelo, el oficialismo busca acelerar los tiempos legislativos para lograr la sanción antes del inicio de las sesiones ordinarias. De acuerdo con versiones recogidas en ámbitos legislativos y reflejadas por la prensa nacional, el Gobierno apunta a tratar la iniciativa entre el 10 y el 12 de febrero, con una movilización prevista frente al Congreso en esas mismas fechas.

La estrategia de La Libertad Avanza enfrenta, sin embargo, un escenario complejo en la Cámara alta. Con una bancada propia insuficiente para alcanzar el quórum, el oficialismo necesita sumar apoyos de bloques dialoguistas y legisladores provinciales. En ese marco, la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Patricia Bullrich, cumple un rol central en la defensa del proyecto y en la articulación de acuerdos políticos.

Uno de los puntos más sensibles del debate es el impacto fiscal de la reforma. La iniciativa incluye modificaciones impositivas, como la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas, que afectarían recursos coparticipables. Esto genera resistencias entre gobernadores, en un contexto de caída de ingresos provinciales y negociaciones abiertas con la Casa Rosada.

Desde los movimientos sociales, el rechazo es frontal. Dirigentes de la UTEP advirtieron que la reforma apunta a recortar derechos consolidados, modificar el sistema de indemnizaciones y avanzar sobre fondos que hoy sostienen la seguridad social. También cuestionaron el argumento oficial de que la flexibilización laboral generará más empleo formal, al considerar que se trata de una promesa sin sustento empírico.

La CGT, por su parte, mantiene su oposición al proyecto, aunque con una estrategia más orientada a limitar daños a través de negociaciones políticas. Tras la movilización de diciembre en Plaza de Mayo, la central obrera no descarta nuevas medidas de fuerza —incluido un paro nacional— si el Gobierno avanza sin introducir cambios de fondo.

Con el Congreso como escenario principal, febrero aparece como un mes decisivo. El Ejecutivo apuesta a convertir en ley una de sus reformas emblemáticas, mientras que sindicatos, movimientos sociales y organizaciones piqueteras buscan demostrar capacidad de presión en la calle. El desenlace de esta pulseada será clave para el futuro de la reforma laboral y para el clima político y social de los próximos meses.