El Ejecutivo giró al Congreso el DNU que reordena la SIDE y busca asegurar su vigencia

 

El Gobierno nacional dio un nuevo paso para sostener la reforma del sistema de inteligencia al remitir al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25, que introduce cambios en la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y modifica aspectos clave de la Ley de Inteligencia. La norma ya ingresó formalmente en ambas cámaras y el oficialismo confía en reunir los apoyos necesarios para evitar su caída.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei junto a todo su Gabinete, fue enviado primero a la Cámara de Diputados y luego al Senado. A partir de ese ingreso, comienza a correr el plazo para su tratamiento parlamentario. No obstante, como la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo aún no está conformada, recién hacia fines de enero el tema podría llegar al recinto para su debate.

Según establece la legislación vigente, un DNU solo pierde validez si es rechazado por mayoría simple en ambas cámaras. Por ese motivo, en el oficialismo admiten que su estrategia se concentra en blindar al menos uno de los dos cuerpos legislativos, replicando el esquema utilizado en debates anteriores sobre decretos presidenciales. En despachos oficiales recuerdan que ese mecanismo ya permitió sostener normas clave aun frente a rechazos parciales.

La reforma impulsada por el Ejecutivo apunta a reorganizar áreas internas, redefinir funciones y reducir superposiciones dentro del sistema de inteligencia. Entre los cambios centrales figura la delimitación más estricta de las tareas de la Agencia de Seguridad Nacional, circunscribiéndolas a la contrainteligencia, y la eliminación de estructuras consideradas redundantes. Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es mejorar el intercambio de información, reducir costos y fortalecer los controles estatales.

De acuerdo con información difundida por fuentes oficiales a medios nacionales como Infobae, el decreto no altera la conducción actual del organismo. La SIDE continuará bajo la dirección de Cristian Auguadra, con Diego Kravetz como segundo, manteniendo la cúpula designada meses atrás.

En el texto del DNU, el Ejecutivo sostiene que la reforma “adecuará el sistema de inteligencia a los desafíos contemporáneos”, al tiempo que afirma que los cambios respetan estándares democráticos y republicanos. Sin embargo, desde distintos bloques opositores expresaron reparos, tanto por el contenido como por la vía elegida para avanzar con una modificación de este alcance.

Uno de los puntos más cuestionados es la habilitación para que personal de inteligencia pueda realizar aprehensiones en circunstancias específicas, así como la falta —según la oposición— de una situación que justifique la “necesidad y urgencia” invocada por el Gobierno. Por ese motivo, legisladores de varios espacios anticiparon pedidos de informes y reclamaron la conformación inmediata de las comisiones bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo.

Mientras tanto, el oficialismo evalúa estirar los tiempos durante el receso parlamentario y evitar la conformación de esas comisiones hasta que se reanude plenamente la actividad legislativa. En la oposición, en cambio, ya se analizan los números para intentar forzar una sesión especial en febrero, aunque todavía necesitan sumar apoyos adicionales para alcanzar el quórum.

Con posiciones aún en movimiento —especialmente entre gobernadores y bloques dialoguistas—, el futuro del DNU dependerá de una delicada ingeniería política. Por ahora, el Gobierno apuesta a que el decreto siga vigente y se convierta en un nuevo pilar de su estrategia de reconfiguración del Estado.