Reforma laboral: la posible caída de la coparticipación tensa los acuerdos del Gobierno en el Senado
La preocupación de los gobernadores por el impacto fiscal del proyecto reavivó las dudas de aliados clave. En el Congreso advierten que el oficialismo podría usar el tema como ficha de negociación antes de la sesión.
El debate por la reforma laboral volvió a escalar en el Senado y sumó en las últimas horas un nuevo foco de tensión: el eventual recorte en los fondos coparticipables que recibirían las provincias si prospera el dictamen impulsado por La Libertad Avanza. La advertencia encendió alarmas entre gobernadores y senadores que, hasta ahora, se mostraban dispuestos a acompañar parte de la agenda del Gobierno.
En despachos opositores y dialoguistas reconocen que el impacto fiscal del proyecto podría condicionar seriamente la negociación política durante el próximo período ordinario, que comenzará el 1 de marzo. “Muchos de los que rechazamos Ganancias en el paquete fiscal de 2024 ahora tenemos que explicar esto en nuestras provincias”, deslizó un senador, visiblemente molesto, en diálogo con la prensa.
Desde sectores que suelen colaborar con el oficialismo admiten que, aun con una mejora en algunos indicadores macroeconómicos, la situación resulta difícil de explicar puertas adentro. Gobernadores advierten que una quita equivalente a uno o dos meses de salarios públicos sería imposible de compensar, incluso con asistencia discrecional de la Nación. En ese contexto, remarcan que el Senado cumple un rol clave como representación directa de los intereses provinciales.
En el oficialismo, en cambio, buscaron relativizar el conflicto. Voceros libertarios sostienen que el impacto no será uniforme y dependerá de la estructura tributaria de cada distrito. “No todas las provincias están en la misma situación”, repiten, y recuerdan que en debates anteriores —como la Ley Bases o el paquete fiscal— hubo artículos que no prosperaron sin que eso frenara el rumbo general del Gobierno.
En paralelo, dentro del peronismo algunos legisladores interpretan que la Casa Rosada podría utilizar el tema como herramienta de presión o intercambio político cuando se acerque el tratamiento en el recinto. Según esta mirada, el Presidente, junto con los ministerios de Economía e Interior, tendría margen para ajustar la estrategia, tal como ocurrió durante las sesiones extraordinarias de diciembre, una lectura que también fue recogida por analistas parlamentarios y medios nacionales como Infobae.
La presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que en los próximos días se retomarán las rondas de diálogo con empresarios, sindicatos y bloques opositores. Sin embargo, entre quienes manejan los votos decisivos aseguran que no hay apuro y que el texto podría volver a postergarse para evitar un desgaste innecesario.
Desde bancadas dialoguistas advierten que el crecimiento político del oficialismo desde diciembre es innegable, pero alertan sobre el costo de acelerar reformas sensibles sin consensos sólidos. “Acompañar no significa firmar todo sin cambios”, reconocen, y señalan que imponer plazos difíciles de cumplir termina erosionando las alianzas.
Además de la reforma laboral, otros proyectos aguardan definición para febrero, como los vinculados a glaciares y estabilidad monetaria. El que genera mayores resistencias es el eventual tratamiento del Código Penal, que ya figuró en el temario extraordinario sin llegar a ingresar formalmente al Congreso y cuya modalidad de discusión sigue siendo una incógnita.
