Cornejo presentó un plan de equilibrio fiscal y reforma tributaria y afirmó que Mendoza es “caso testigo” del ajuste que propone el país

 

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó de la reunión del Consejo de Mayo y presentó un extenso informe en el que delineó propuestas para consolidar la estabilidad fiscal y promover un sendero de crecimiento sostenido. El documento parte de un diagnóstico histórico: la Argentina acumuló 63 años con déficits recurrentes y solo registró 16 ejercicios de superávit primario y nueve de superávit financiero. Ese patrón, sostuvo, contribuyó a las sucesivas crisis de inflación, endeudamiento y deterioro del bienestar.

Dentro de ese análisis, Cornejo subrayó que Mendoza atravesó un proceso de ordenamiento que la ubica, según su visión, como ejemplo de la eficiencia que hoy se plantea como meta nacional. La provincia redujo 4,4 puntos de su gasto corriente entre 2015 y 2024, pasando del equivalente al 15,3% del Producto Bruto Geográfico al 10,9%. Este descenso se explicó principalmente por la caída del gasto en personal, que redujo su peso relativo en cerca de un 20%. El gasto corriente ampliado mostró una tendencia similar, mientras que las erogaciones de capital se mantuvieron en torno al 1,5% del PBG a lo largo de la década.

El mandatario enfatizó que, si todas las jurisdicciones hubieran seguido un camino comparable, el país estaría mucho más cerca del objetivo del Consejo de Mayo de llevar el gasto consolidado de Nación, provincias y municipios al 25% del Producto Bruto. En una lectura más amplia, el informe destacó que la Nación realizó entre 2023 y 2024 la reducción de gasto más pronunciada —del 33%—, frente al 19% de las provincias y al 16% de los municipios. Para Cornejo, esta diferencia evidencia que aún existen márgenes para que los gobiernos subnacionales acompañen el proceso de ajuste sin comprometer funciones esenciales como educación, salud, seguridad y justicia.

El análisis también insistió en la importancia de considerar trayectorias fiscales de largo plazo. Sostuvo que los últimos quince años deben tomarse como ventana de referencia para medir el esfuerzo real de cada provincia, dado que algunas avanzaron en reformas sostenidas mientras otras mantuvieron estructuras rígidas y poco eficientes. Bajo este criterio, defendió que el ordenamiento logrado por Mendoza debe computarse al momento de distribuir responsabilidades y recursos. En ese marco, planteó que aquellas jurisdicciones que no adhieran a las metas acordadas queden excluidas de futuros Aportes del Tesoro Nacional.

En la sección dedicada a propuestas institucionales, el documento abogó por una Ley de Compromiso Nacional que establezca reglas fiscales estrictas: obligación de aprobar presupuestos sin déficit financiero, recortes automáticos a cargo del jefe de Gabinete ante desvíos, prohibición de generar gastos sin asignación previa y exigencia de informes de impacto presupuestario para todo proyecto legislativo con incidencia fiscal. También propone vedar el financiamiento monetario del Banco Central, incorporar sanciones penales por autorización de gastos sin financiamiento y establecer límites al endeudamiento provincial similares a los criterios del Tratado de Maastricht.

El texto prevé excepciones acotadas, como permitir déficits financieros cuando exista equilibrio corriente y la deuda se destine exclusivamente a inversión pública de largo plazo. Además, advierte sobre posibles inconsistencias contables que pueden mostrar déficit financiero incluso en situaciones de equilibrio operativo, y señala que la declaración de nulidad de normas por violación de reglas fiscales podría ser materia de interpretación si existen leyes posteriores que modifiquen criterios.

En materia tributaria, la presentación incluyó lineamientos para una reforma integral que simplifique el sistema y reduzca distorsiones. Entre las medidas mencionadas figuran rebajas en las contribuciones patronales para promover la formalización laboral, beneficios para inversiones productivas, incentivos para la creación de empleo registrado y mecanismos de amortización acelerada. Cornejo advirtió que este proceso requiere coordinación con provincias y municipios para evitar que la reducción de impuestos nacionales derive en aumentos locales que neutralicen el impacto sobre la actividad.

La propuesta concluyó destacando que hubiera sido deseable incorporar una discusión más amplia sobre la coparticipación, orientada a fortalecer la autonomía provincial y mejorar la eficiencia del uso de recursos federales. En su conjunto, el planteo busca instaurar reglas estables y una disciplina fiscal permanente, sustentada —según Cornejo— en un consenso social emergente sobre la necesidad de equilibrar las cuentas públicas.