La Justicia de EEUU dictó un segundo fallo contra Argentina y pidió más acciones de YPF como pago
La jueza Loretta Preska ordenó transferir papeles al fondo Bainbridge como pago parcial de una sentencia separada a la de la expropiación de la petrolera. Más temprano, falló en favor de Burford.
La jueza estadounidense Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York fue noticia por partida doble este lunes al ordenar dos fallos adversos contra la Argentina que podrían afectar directamente a la compañía de mayoría estatal YPF. Horas después de sentenciar en favor del fondo buitre Burford, dispuso la entrega de las acciones en poder de la petrolera al fondo buitre Bainbridge. Es por u$s95 millones más intereses por deuda en default.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, dio a conocer esta tarde que se trata de un segundo fallo en contra del Estado argentino. Según explicó, se trata de un “pago parcial” que refiere a una sentencia separada del caso YPF pero relacionada con deuda soberana en default.
Nacionalización de YPF: Justicia de EEUU ordenó que la Argentina le transfiera el 51% de las acciones a demandantes
Es el segundo fallo dictado esta jornada contra la Argentina, luego de que la magistrada ordenara que Argentina le entregue el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar u$s16.100 millones.
Más temprano, la jueza Preska ordenó al Estado nacional transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos buitre beneficiarios del fallo contra la Argentina por la nacionalización de la empresa en 2012. La primera reacción fue un desplome de las cotizaciones de YPF en Wall Street y la Bolsa porteña. Y la segunda fue un tuit de Javier Milei, que apuntó contra Axel Kicillof.
La decisión de la jueza forma parte de la causa que impulsa el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa) y del Eton Park Capital Management, para reclamar una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización encarado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mientras Kicillof era ministro de Economía.
Sin embargo, ese proceso contó con el aval de una ley del Congreso votada por amplia mayoría en abril del 2012 y no fue azarosa: un año antes se redescubrió Vaca Muerta y todo su potencial petrolero y gasífero. Este es el verdadero botín que buscan el fondo litigante y quienes están detrás.
